Entradas etiquetadas con Editorial

Los sucesos que se vienen suscitando en Islay y que merece en la actualidad una tregua para ir a la mesa de diálogo entre autoridades y el pueblo, por la presencia de una importante inversión minera en la zona debe llamarnos a repensar lo que muchas veces hemos dicho desde nuestro editorial o en las páginas de nuestro diario, que sin el dialogo permanente y el mensaje directo entre los actores, es decir entre el pueblo institucionalizado, las autoridades y los empresarios, arribar a un buen puerto se hace casi imposible.

No dejemos que mentiras o medias verdades se apoderen de los colectivos sociales y de esta manera se proceda a estériles enfrentamientos que no producen sino heridos y muertos que lamentar por iras irracionales, cuando muchas veces el error estuvo en la manera de tratar y evaluar el problema.

Lo de Islay es una clarinada y en Cajamarca tenemos muchos conflictos sociales sin resolver y sin dialogar y dejamos que el tiempo y luego los azuzadores se hagan dueño y voceros de los conflictos. Hay que trabajar y hacer una reingeniería de lo que se esta haciendo para superar los problemas que tenemos frente a nosotros y nos negamos a mirar.

La suspensión del diálogo en forma abrupta por parte de las autoridades de Hualgayoc evitando avanzar en la remediación medio ambiental exigiendo para eso la presencia del primer ministro y el gabinete completo no es sino un adelanto de lo que podría venir sino se pone paños fríos y se organizan estrategias de información directa a los pobladores buscando un entendimiento sin intermediarios.

Muchos de ellos son autoridades, los cuales en muchos casos están detrás de una reelección o nuevos “líderes” que aparecen y quieren sacar provecho de los estados de violencia. La empresa, en este caso la minería debe hacer pedagogía y trabajar con operadores directos en las comunidades mostrando la virtud de la inversión y obviamente los riesgos que se corren. Pero que obviamente son mínimos si la empresa es responsable y seria como las muchas que tenemos listos a operar o vienen operando en nuestra región.

De otro lado los Alcaldes no pueden estar levantando al pueblo contra la inversión y el trabajo, solo para ganar unos votos y justificar en muchos casos su inoperatividad. Los alcaldes son promotores del empleo y como consecuencia de la inversión y por lo tanto no pueden ser operadores del atraso y el olvido. Ellos deben ser celosos guardianes de la paz y por consiguiente cuidadosos con el cumplimiento que la minería asume al pisar suelo patrio y respetar las normas ambientales, así como las disposiciones del gobierno local.

Por lo tanto el diálogo fructífero y con información serán los mejores guardianes de la verdad y la paz, un pueblo informado no cae en la violencia.

Se ha exige, con toda razón, que los vehículos motorizados tengan un Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT). Un requisito indispensable, como caro y por demás abusivo en muchos casos. Pero de cifras no hablemos, porque los verdaderos ganadores resultan ser, como siempre, las grandes empresas aseguradoras.

La policía nacional en cumplimiento de las normas y las leyes del país, castigan con multa a quienes no cumplen con este requisito, el cual representa en muchos casos, la diferencia entre la vida y la muerte. Pero, ¿qué pasa cuando un vehículo oficial no cuenta con SOAT y causa un accidente? ¿Acaso se impune una multa?

No. Nunca veremos a la policía, sancionar a la Policía, pues como reza el viejo refrán:”otorongo no come otorongo”.

Hablamos que cambiar las cosas, pero debemos predicar con el ejemplo. No hace mucho un vehículo de la policía ha sido el protagonista en un accidente de tránsito, y de acuerdo a las investigaciones preliminares, el vehículo policial no cuenta con SOAT.

Entonces, corresponde a la población y en especial a los conductores o propietarios de vehículos que pagan religiosamente cada año, un SOAT, imponer la multa respectiva a quien corresponda, porque un vehículo de la policía que causó un accidente, no tenía un SOAT al día. Que todos sean juzgados con la misma vara, con la misma ley, en la misma y real magnitud de los hechos.

Recordemos que según la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), los últimos patrulleros incorporados a la PNP, no tendrían SOAT.

Voceros de Apeseg aseguraron que, según información la policía renovó SOAT para unas 8.200 unidades sin embargo, aseguraron que entre esos vehículos no figuraban las nuevas unidades al servicio de la Policía Nacional.

No solo los nuevos vehículos no tienen registrado su SOAT en la Asociación Peruana de Empresas Aseguradoras. También hay algunas unidades con más de cinco años de circulación sin este seguro.

Es frecuente encontrar vehículos policiales que no tienen SOAT, porque los responsables no se han preocupado por renovar sus pólizas. Incluso, la institución no ha considerado presupuestalmente las partidas para un adecuado mantenimiento a sus unidades.

Después de sucesivas postergaciones, el SOAT entró en vigencia desde el 31 de julio del 2003. Desde esa fecha todos los vehículos, tanto públicos como privados, deben tener ese Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

La policía es la responsable del control del tránsito y si un vehículo no tiene SOAT, ella es la encargada de aplicar la ley y sancionar con una fuerte multa al infractor. De igual manera, al que carece de placa de rodaje.

De confirmarse que no tienen SOAT los patrulleros, la propia policía estaría incitando a los ciudadanos a burlar la ley con el mal ejemplo. El hecho de que los patrulleros estén circulando como lo hacen.

Cerrado ya el plazo para la renuncia de funcionarios que postulan a cargos regionales se ha dado un importante paso ante las importantes elecciones regionales y municipales del próximo 3 de octubre. Sin embargo, empieza ahora una etapa de reflexión, por parte de los políticos y de los propios ciudadanos, para ponderar lo que realmente está en juego —la consolidación democrática— y tomar las previsiones para colocarse a la altura de dicho reto.

A la espera de que el Jurado Nacional de Elecciones publique un reporte depurado de los candidatos inscritos, estos se calculan extraoficialmente en más de 100 mil, lo que podría connotar una mayor voluntad de participación ciudadana.

Sin embargo, del otro lado se evidencia un claro predominio de grupos regionalistas y localistas, por encima de los pocos partidos políticos de alcance nacional, lo que podría interpretarse como un severo llamado de atención a estos últimos para que se renueven y democraticen. El exceso de ímpetus localistas y de ofertas puntuales de obras indicaría también la falta de una visión de plan y estructura nacional, que nuevamente sería responsabilidad de los partidos constituidos.

Luego, por nuestra experiencia pasada, debemos advertir sobre la necesidad de complementar todo este proceso con una correcta y amplia estrategia de educación electoral. Más aun, ante la mayor dispersión de candidaturas, los ciudadanos tienen que mirar bien y hacer valer sus derechos y demandar no solo debates públicos, sino también programas precisos de gobierno a cada candidato de partido o movimiento regional o local.

Si alguien pretende gobernar nuestra región o localidad, debe explicarnos exhaustivamente su propuesta, su base doctrinal, su equipo de gobierno así como su trayectoria ética y democrática. No podemos extender cheques en blanco a nadie, menos a “outsiders” de última hora, que luego ya en el poder orientan sus presupuestos y planes de acción a pagar favores políticos, negociar obras o a favorecer a unos cuantos, mas no a los ciudadanos.

Debemos permanecer alertas. Esto es mucho más exigible en vista de la profusión de postulantes debido a los recientes cambios en el marco electoral, que determinan que para los comicios regionales ya no se elijan planchas completas en que una cabeza arrastra a un grupo, sino que se vote separadamente por presidentes y por consejeros regionales. Aparentemente más voluntad democratizadora, pero duro trabajo para la ONPE, a la hora de elaborar las cédulas para cada jurisdicción y de explicar bien a los ciudadanos estos cambios, para que no se confundan.

Con la misma preocupación debemos alertar sobre la incursión de algunos grupúsculos que solo responden a intereses de caudillos locales o, en algunos lugares del sur, proponen absurdas e írritas tesis separatistas, contrarias al orden constitucional y a la unidad del Estado Peruano, por lo que deben ser rechazados de plano. Los objetivos descentralizadores y regionalizadores no pueden ser contrarios a los del país.

Todos debemos entender que las elecciones regionales y locales, así como los comicios complementarios y los referendos, son ejercicios ciudadanos para consolidar la gobernabilidad democrática y no para debilitarla o amenazarla.

El día 2 de abril de todos los años se celebra en nuestro país el Día de Abogado, como un homenaje al natalicio de uno de los más insignes juristas del país: Francisco García Calderón. Así lo señala la resolución suprema del 14 marzo de 1952.

Existe la obligación de señalar el error original registrado en el texto de dicha resolución, donde se consigna que el día 3 de abril fue el natalicio del connotado jurista, cuando en realidad fue el día 2.

Mas ese error o lapsus calamis fue enmendado muchas décadas después mediante la Ley N° 23248, publicada el 23 de abril de 1981, precisando la fecha de celebración el 2 de abril.

Francisco García Calderón no sólo fue un eminente jurista sino que, además, fue un fecundo investigador de la ciencia del derecho; también fue un académico por excelencia y escribió su monumental Diccionario de la Legislación Peruana, donde realiza un profundo análisis jurídico de las figuras legales de nuestra sociedad.

En el campo de la abogacía, no podemos negar que, como en toda sociedad o comunidad laboral, existen buenos y malos profesionales, pero los que se desarrollan dentro de los parámetros de la ética y deontología profesional se ganan el aprecio, no sólo de sus amigos y familiares sino de toda la sociedad en su conjunto.

Hay que destacar la labor de quienes cumplen con los estatutos de los colegios de Abogados de todo el país, y tienen en cuenta principios como aquel que recomienda que un profesional abogado debe atender, por lo menos, a una persona de manera gratuita al año.

De esta manera, está cumpliendo con lo que se conoce como la responsabilidad social profesional, sirviendo a los que menos tienen y demostrando con el ejemplo que nos debemos a nuestra sociedad, entendiendo que la naturaleza de nuestras funciones exige sensibilidad.

Debemos recordar que los colegios de Abogados de la República sólo son creados por ley, cualquier otra creación resulta apócrifa.

Nada ni nadie puede ensombrecer la labor social, jurídica, comunitaria y humanística que realizan la gran mayoría de abogados del país.