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 Ante un escenario polarizado en casos vinculados a sectores extractivos y frente a un creciente riesgo de que se agudicen los conflictos socioambientales en algunos puntos del país, Oxfam estima conveniente expresar lo siguiente:

1. Oxfam invoca al Gobierno peruano a buscar una solución de fondo y estructural a los crecientes conflictos socioambientales del país. Es importante que en estos momentos el Gobierno cumpla cabalmente con su deber de representar los intereses de peruanas y peruanos y actúe guiándose por el bien común, a través de instituciones sólidas y planes estratégicos de desarrollo. En ese contexto, es clave consolidar una institucionalidad ambiental y social, que genere confianza en las regiones en cuanto a las decisiones que se tomen en materia de inversiones extractivas.

2. Oxfam apoya una actividad minera formal que posea altos estándares de calidad ambiental, respete los derechos humanos reconocidos internacionalmente y cuente con la confianza y licencia social de las comunidades donde vaya a operar. Además, considera que hay mucho camino por recorrer y estándares ambientales y sociales por elevar, como lo demuestra la situación de daño a la salud y al medio ambiente que ha sufrido la población de La Oroya por muchos años, debido al desamparo ambiental y a los incumplimientos de la empresa Doe Run Perú.

3. Oxfam rechaza toda actividad extractiva (sea formal o informal) que no respete el medio ambiente, los derechos humanos y los principios del desarrollo sostenible. En ese sentido deplora el intolerable desastre ambiental generado por la minería ilegal en Madre de Dios, Puno y otros puntos del territorio nacional, e insta al Gobierno a redoblar esfuerzos para generar políticas sólidas de fiscalización que eviten que estas situaciones se extiendan a otras zonas del país.

4. Oxfam se opone a cualquier tipo de violencia y cree firmemente que las diferencias deben solucionarse por el camino del diálogo. Concretamente en el caso del proyecto minero Conga y el conflicto social surgido en torno suyo, Oxfam exhorta al Gobierno peruano a promover un verdadero proceso de diálogo, donde la prioridad sea restablecer la confianza entre las partes involucradas, sin imponer fechas o agendas particulares, como punto de partida para lograr un auténtico entendimiento de largo plazo.

5. Asimismo, Oxfam invoca a las autoridades regionales y locales de Cajamarca a retomar el diálogo, escuchando, resolviendo las dudas de la población y, buscando el bienestar de quienes los eligieron. Esto no representa limitar sus derechos a decidir sobre sus circunscripciones y recursos.

6. Oxfam invoca al Gobierno peruano a formular políticas de largo plazo que permitan que la inversión pública y privada se realice en una forma armoniosa con la biodiversidad y las dinámicas sociales y culturas de las poblaciones indígenas y campesinas. En esa línea, impulsar políticas económicas alternativas, que reduzcan la fuerte dependencia del país con el modelo extractivista vigente, constituye una prioridad.

7. Finalmente, Oxfam espera que la promulgación de la Ley de Consulta y su respectivo reglamento se conviertan en una herramienta para transformar los conflictos, generando inclusión y participación, en especial de las comunidades campesinas e indígenas del país, tantas veces postergadas y olvidadas  en los procesos que van a  definir directamente su desarrollo.