Contumazá

Santa Cruz de Toledo, Contumazá .- En el distrito de Santa Cruz de Toledo se vienen ejecutando diversas obras como el mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y desagüe, con un presupuesto de 532,3339.87 soles, financiado por el Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción.

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo, Arsemio Plasencia Plasencia, informó que también se viene ampliando y mejorando la infraestructura de la Institución Educativa Nº 82562 del caserío de Ayambla, con una inversión de 294,046 soles.

Asimismo, señaló que también se realiza el mejoramiento del sistema de agua potable en el caserío Los Higos, con 60,000 soles provenientes de recursos ordinarios y canon minero.

“También estamos trabajando en la ampliación del puesto de salud por un monto de 84,476.87 soles, así como en el mejoramiento y ampliación de agua potable en el caserío Loma de Huertas con una inversión de 40,000 soles”, precisó.

El burgomaestre también enumeró, entre sus obras, el mejoramiento del canal de riego del sector La Lucma, en el caserío El Sienque, con 60,000 soles; rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cruce Pampa de la Tranca a Santa Cruz de Toledo, Ayambla y Los Higos, con un presupuesto de 1 millón 150 mil soles de Provías.

Contumazá.- Hasta hace muy pocos años en la provincia de Contumazá únicamente había dos jueces: Civil y Oenal; o un Juzgado Mixto y un solo fiscal. En ese entonces así se administraba justicia. Y de la buena. Ahora en el Ministerio Público hay 17 funcionarios instalados en el mejor edificio de esta ciudad, pero la calidad de su labor deja mucho que desear.

En el fuero penal están asignados Alexander Llumpo Neciosup, fiscal provincial penal; Víctor Hugo Córdova Cerro, fiscal adjunto penal; Homero Abel Cabanillas Díaz, fiscal adjunto penal; Miriam Karol García Zavaleta, asistente en función fiscal penal; y Juan Carlos Rivera Vásquez, asistente administrativo en sistema fiscal penal.

Lamentablemente, no cumplen con lo prescrito por la Constitución Política del Perú, en su artículo 159, incisos 1 y 5, e interpretan el Código Penal a su libre albedrío.

En la sede del Ministerio Público hay una gigantografía del tamaño del edificio. Ahí dice, con grandes letras: “Una justicia pronta y transparente para que la víctima sea reparada y el culpable sea sancionado”. No obstante, y paradójicamente, ocurre todo lo contrario. Más bien ahí debería decir: “Archívese definitivamente”.

Es precisamente con ese mandato de “archívese definitivamente” con el cual suelen acabar con las aspiraciones de justicia de ciudadanos, muchas veces sin recursos económicos para acudir a un abogado para hacer valer sus derechos. Por el contrario, con ese “lema” y argumentando caprichosas interpretaciones del Código Penal, favorecen a los llamados “poderosos”.

Un ejemplo es el caso de la familia Vigo Florián, cuyo domicilio fue inundado afectando cocina, baño y dormitorio, por negligencia del consorcio Saneamiento Cajamarca Obrainsa/HV Contratistas.

Se formuló la denuncia con las pruebas respectivas y los trámites de ley. Luego se realizó la constatación de los daños por el jefe de Defensa Civil y el alcalde provincial, Luis Castillo Rodríguez. Al cabo de un mes, la familia Vigo Florián fue notificada que su denuncia por daños fue archivada definitivamente.

Como sustento de su fallo, la fiscalía argumentó: “Por no haber intencionalidad y por constituir este acto una causa de atipicidad, no siendo este hecho justiciable penalmente”.

Ante ello, los afectados se preguntan, con toda razón: “¿Y ahora, quién nos pagará los daños en nuestras viviendas…?” Saneamiento Cajamarca y HV Contratistas simplemente le echa la culpa a Sedacaj. La familia afectada interpuso queja de derecho, pidiendo que los actuados se eleven a la Fiscalía Superior Penal de Cajamarca (Caso Nº 50-2012, 4 de abril). Ellos esperan encontrar justicia en esa instancia.

La curiosidad del pueblo contumacino es saber -sin afirmar nada- si los fiscales Alexander Llumpo y Víctor Córdova tienen algún “convenio” con el acusado consorcio, para archivar éste y otros casos. De ser cierto, esto sí sería atípico, porque, por coincidencia, las denuncias contra HV por lo general siempre son archivadas. En aras de la transparencia, sería saludable una explicación de los fiscales al pueblo contumacino.

Además, se precisa la intervención de la Defensoría del Pueblo y de la OCMA. Como contumacina, la doctora Consuelo León viuda de Malca debería intervenir en estos difíciles momentos, al igual que el jefe de la Oficina Descentralizada de Control Interno, Germán Dávila Gabriel.

Actualmente la ciudad parece un pueblo devastado por un terremoto o un bombardeo. El vecindario viene sufriendo por más de un año el martirio ocasionado por la intransitabilidad, polvo e insalubridad en las calles. Y como si todo esto no fuera suficiente, se suman numerosos y negligentes daños a las viviendas. (Por: Wilmar Vigo Florián, director de la revista “El Vivazo”)