Política

El tema de nuestras relaciones con Chile siempre genera debates apasionados, prejuicios e ideas equivocadas acerca no solo de lo que es hoy Chile, sino de la situación del actual mundo globalizado.

Muchos peruanos ven las relaciones con nuestro vecino del sur con un prisma decimonónico. Es decir, para ellos el Chile oligárquico del XIX, cuya clase dirigente estaba apoyada por el Imperio Británico, se mantiene hasta hoy. Mucha agua pasó bajo los puentes: la democratización, el avance de las izquierdas y, sobre todo, el proceso de globalización que vivimos en las últimas décadas.

En este contexto, ya no son posibles las tradicionales guerras de agresión; conflictos que terminan en un tratado en que el vencedor impone sus términos y modifica los límites. Esto no existe desde 1945, porque las guerras ahora terminan con ceses de fuego de Naciones Unidas, soluciones temporales y jamás permanentes. Ni siquiera Israel –el país protegido por Estados Unidos– pudo imponer tratados sólidos tras su victoria aplastante de 1967.

En nuestro país, muchos piensan que Chile no acatará el fallo de La Haya, creen que se trata del matón de barrio que hace lo que le viene en gana.

Sin embargo, varios ministros y el propio presidente Piñera han afirmado fehacientemente que su país cumplirá el fallo. Pero a los escépticos estos mensajes antibélicos no parece decirles nada.

En verdad, desacatar el fallo costaría más que el espacio marítimo que Chile perdería en la eventualidad de un fallo que nos favorezca. Para un país integrado al mundo global, con grandes inversiones extranjeras y que aspira a ser el más estrecho aliado de Estados Unidos en esta parte del mundo, patear el tablero en forma grotesca implicaría una pérdida enorme en prestigio y todos los factores intangibles que son esenciales para una eficaz política exterior.

La imagen que los chilenos tienen de sí mismos es la de un país democrático, civilizado, respetuoso del derecho –nacional e internacional–; en resumen, estamos muy lejos de Pinochet.

Esa imagen de sí mismos es la que desean transmitir al mundo y una escandalosa violación del derecho internacional anularía totalmente esa imagen que, por lo demás, ha sido aceptada en el ámbito internacional, aun cuando en el Perú se habla muy poco de esto.

Chile es, en el marco interno, una democracia estable y madura desde 1990, a esto debemos añadir que su régimen democrático ha estado acompañado por una economía creciente y por un retroceso de la pobreza y extrema pobreza que legó la dictadura; su política exterior ha estado en los marcos del respeto por la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA. ¿Perder esto valdría la pena?

Los caminos del diálogo entre el Ejecutivo, los gobiernos regionales y los gremios de mineros artesanales están abiertos y siguen funcionando como una herramienta eficaz y válida para legalizar a la minería informal, facilitar su aporte al desarrollo de la nación y garantizar la protección y defensa de nuestros recursos naturales, especialmente el agua y la biodiversidad.

Luego de un primer acuerdo adoptado en una mesa de diálogo instalada en la Presidencia del Consejo de Ministros, para formalizar a los mineros que operan en el denominado corredor minero de Madre de Dios, en el mismo escenario, se acordó establecer otra mesa de trabajo con los mineros artesanales de Ica, en un marco de paz social y respeto a la legislación vigente.

Esta última condición implica, obviamente, el cese de medidas de fuerza como el bloqueo de la carretera Panamericana Sur, a la altura de Nasca.

Tal como explicó Celso Cajachagua, dirigente de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe), cada región minera del país tiene sus propios problemas y características y, por tanto, las soluciones también tienen sus particularidades.

En este punto, el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés Dancuart, y el ministro del Ambiente, Miguel Pulgar-Vidal, han sido muy puntuales en diferenciar la minería ilegal de la artesanal y han ratificado la decisión del Gobierno de aplicar con firmeza los decretos legislativos que tipifican y penalizan el delito de minería ilegal.

Hay que subrayar, por otra parte, que esta decisión no obedece al criterio de un ministerio, sino responde a una política de Estado de obligatorio cumplimiento y cuenta con el respaldo del Poder Judicial, Ministerio Público y Congreso de la República.

Así lo ha precisado el presidente del Poder Judicial, César San Martín, quien ha manifestado que el órgano jurisdiccional concentrará sus esfuerzos en perseguir y sancionar a los “capos” de la minería ilegal, y no a los pequeños extractores de oro, porque son los primeros quienes articulan toda una actividad delictiva que infringe flagrantemente la legislación vigente en lo referente a la protección del medioambiente, evasión tributaria, no pago de canon y violación de los derechos laborales.

En las diversas bancadas del Congreso también hay consenso respecto a las drásticas medidas que el Estado debe adoptar contra la minería ilegal, que se ha convertido en un grave problema nacional que atenta, incluso, contra el estado de derecho.

Existe amplio respaldo, igualmente, a la política de diálogo que impulsa el Gobierno para solucionar los problemas relacionados con el medioambiente, nuestros recursos naturales y el desarrollo sostenido de las poblaciones que viven en las zonas de influencia de la actividad minera extractiva.

De acuerdo con información estadística suministrada por el Ministerio de Agricultura, del total de 355,655 hectáreas adquiridas entre 1996 y 2011, el 53.2 por ciento de las tierras ha sido transferido por el Estado (gobiernos regionales y subastas en irrigaciones). Otro 31 por ciento corresponde a la transferencia de las acciones del Estado en las operaciones de privatización de las excooperativas azucareras y, solo 55,071 hectáreas, el 15.5 por ciento, tienen como origen transacciones privadas.

Esta información nos permite afirmar, sin exageraciones, que el impulso en la concentración de la propiedad agrícola, de la cual hoy se habla en el Perú, ha sido producto de la política de transferencias del Estado; es decir, ha obedecido a una decisión política, expresada en leyes, acuerdos contractuales y reglamentos de subasta de tierras a particulares.

Ello puede ser reorientado con decisión política, si lo que se quiere es reducir la tendencia a la concentración, promover la competencia y garantizar el acceso a la propiedad agrícola de los pequeños y medianos agricultores.

Consideramos que limitar la extensión de la propiedad agrícola ataca el efecto, mas no la causa del problema de la tendencia a la concentración, pues no es la iniciativa empresarial compradora lo que hay que atacar, sino las políticas que desde el Estado impulsan esa iniciativa que deriva en un proceso de concentración de tierras, que tiene como consecuencia, además de los potenciales efectos negativos para el mercado y la competencia, la restricción en el acceso a la propiedad agrícola para los pequeños y medianos agricultores.

Creemos que el Estado debe atacar la causa del problema y definir técnica y socialmente las dimensiones de los lotes que serán puestos a la venta en las tierras ganadas por los grandes proyectos de irrigación, desarrollados con fondos públicos o por concesiones que utilizan recursos de todos los peruanos.

Esto propiciaría la participación de una mayor cantidad de inversionistas y la competencia por la obtención de tierras. Este redimensionamiento de los lotes, digamos a tamaños máximos de 200 a 300 hectáreas, permitiría una mayor competencia, lo cual coadyuvaría a mejorar el precio base de los terrenos subastados, contribuyendo a un rápido retorno de la inversión realizada en la habilitación de dichas tierras.

Además, impulsaría a los pequeños y medianos agricultores a desarrollar esquemas de asociatividad para obtener la adjudicación de lotes de tierras, los estimularía a constituir unidades empresariales de tamaño óptimo y viable económicamente, que es lo que necesita nuestra agricultura para ser competitiva.

Un aspecto de suma importancia que plantea el proyecto de ley del Código Electoral y Código Procesal Electoral presentado ante el Congreso por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es el referido a la declaración de ilegalidad y, consecuentemente, de la cancelación de la inscripción de las organizaciones políticas.

Conforme con la vigente Ley de Partidos Políticos, las organizaciones o partidos se inscriben en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE con la finalidad, entre otras, de asegurar la vigencia y la defensa del sistema democrático de gobierno y contribuir a la gobernabilidad pacífica del país.

Pero si sus postulados ideológicos y sus actividades son o se tornan contrarios a estas finalidades, tales organizaciones son pasibles de ser declaradas ilegales y, por ende, canceladas su inscripción e impedidas de realizar toda actividad político-electoral formal.

En tal sentido, mediante el referido proyecto, el JNE ha propuesto un procedimiento más efectivo y la garantía de la doble instancia para declarar la ilegalidad por conducta antidemocrática de un partido o movimiento político.

De aprobarse dicho proyecto, ya no sería el Poder Judicial el organismo que resuelva el caso. Le correspondería, en primera instancia, al Jurado Electoral Descentralizado (JED) pertinente y, en segunda y definitiva instancia, al pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

La solicitud de declaración de ilegalidad estará a cuenta del defensor del Pueblo o del Ministerio Público, mediante el fiscal superior del respectivo ámbito de competencia. Las causales son:

Afectar las libertades y los derechos fundamentales de toda persona.

Excluir o perseguir a todo hombre o mujer por cualquier razón, o legitimando la violencia como método para conseguir o lograr objetivos políticos.

Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones que, para el logro de sus fines políticos, practiquen el terrorismo, o que su prédica contribuya a multiplicar los efectos de la violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera y desata. Apoyar la acción de organizaciones que practiquen el terrorismo o el narcotráfico o recibir el apoyo y la subvención de éstas.

En dichos casos, una vez recibida la solicitud de declaración de ilegalidad, el JED procederá a notificar a la organización política para que presente sus descargos en un plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación. Dentro de los siguientes 10 días de concluido dicho plazo, el JED emite resolución debidamente motivada.

Este fallo puede ser apelado en un plazo de 5 días hábiles siguientes a su notificación ante el pleno del JNE, el cual, previa audiencia, resuelve en última y definitiva instancia, dentro de los 10 días hábiles de su realización.