Política
Variedades domésticas
El Gobierno y el Congreso no están para perder un solo minuto, pero pierden horas, días y semanas más de la cuenta. No es que estén dedicados al ocio creativo o quieran malgastar su tiempo deliberadamente.
El problema es otro. Descuidan dos cosas que otros países en despegue como el nuestro no harían nunca: orden y reglas de juego claras, puestos al revés y al derecho.
Estos dos poderes del Estado no tienen sino poco menos de dos años para dejar sus administraciones y ya enfrentan desde ahora, y con angustia, plazos muy estrechos para cumplir metas y objetivos que, además, no están bien definidos.
Cuando por una falta de orden una comisión parlamentaria saca a debate un inmaduro proyecto de ley, como el del derecho de rectificación, desperdicia, en esa imprevisión, la posibilidad de perfeccionarlo y consensuarlo, y quiebra el cuadro de prioridades de ajustes y reformas constitucionales que reclama atención más urgente. Y cuando por defectos y vicios engorrosos de la burocracia estatal se paralizan proyectos y se pierden oportunidades de inversión, las reglas de juego políticas, económicas y jurídicas que otrora proyectaban confianza empiezan a afectarse y a advertirnos de que algo tenemos que hacer para reactivarlas.
Gobierno y Congreso deben correr contra el calendario y el reloj, pero con más aciertos que defectos. Las comisiones y los plenarios del Congreso no pueden seguir trabajando con agendas que carecen de prioridades y con bandazos que reflejan un amplio espectro de intereses propios respecto del disminuido interés público que prima en su orden del día. Pareciera que todo quisiera administrarse a la carrera y sobre el caballo, lo que podría ser un síntoma grave de pérdida de dirección y control de un país cuyo elevado crecimiento económico de los últimos años demanda, por el contrario, en la actual etapa crítica, un celoso e inteligente manejo de decisiones y prioridades.
De eso se trata, de ser conscientes de no arrojar por la borda las buenas lecciones aprendidas del crecimiento económico y de la crisis financiera internacional que recién nos pone a dura prueba.
No aprendemos pese a las lecciones repetidas que nos da constantemente las coyunturas de la política, los distintos episodios gubernamentales que han dejado en la historia contemporánea del Perú una cicatriz profunda, de aquellas que con el simple hecho de recordarla debería hacernos reflexionar.
Hoy que se han abierto las puertas de la campaña electoral muchos políticos buscan agua para su molino, eso genera poses políticas que complican el actual panorama de nuestra nación. Seguirán saliendo proyectos curiosos y proyectos venganza, de quienes saben que ya tienen poco o nada que perder, de quienes e sienten que se han frustrado para siempre y a quienes la vida de la sociedad peruana les da lo mismo.
Pero aún se está a tiempo de conseguir un cambio que refleje el verdadero pensamiento de los peruanos y que cubra las verdaderas expectativas de un pueblo bañado en historia y que siempre espera un verdadero cambio.
Apresando la prensa
Aun luego de los anuncios de enmienda por parte de ciertos voceros oficialistas en el Parlamento, no podemos dejar de criticar la sombría intencionalidad de quienes desempolvaron un malhadado proyecto que pretende amedrentar y amenazar a la prensa independiente y a los medios de comunicación social.
En puridad se trata del mismo proyecto que presentó en la legislatura anterior el congresista aprista José Vargas, por lo que llamó tremendamente la atención que, entre tantos importantes proyectos que esperan debate, se haya jerarquizado y dado prioridad a uno tan polémico y confrontacional. Ello ciertamente llama a suspicacia, pues el Perú tiene una historia dolorosa y compleja en lo relativo a la libertad de expresión.
El cuestionado anteproyecto recorta el plazo para solicitar la rectificación (de 15 a 7 días) y para publicarla (de 10 a 3 días), además de incluir al medio de comunicación como responsable “solidario” para atender eventuales reparaciones e indemnizaciones.
Hoy el plazo es relativamente amplio porque, dada la solicitud de rectificación, tanto el periodista como el medio necesitan tiempo para verificar y hacer una mínima investigación. Partimos, además, de la premisa de que el periodista profesional se ciñe a los principios de la ética, la honestidad, el rigor y el respeto al público, y no hay voluntad de agraviar ni ofender. Y si yerra se debe principalmente a la inmediatez que exige la profesión.
Lo que no se debe hacer, como al parecer se pretende, es abrir las puertas a una figura que no está contemplada en la legislación, cual es el derecho de réplica, referido al pedido de publicar una opinión divergente a la ya difundida.
Preocupa también que el anteproyecto cuestionado mencione principios y urgencias rectificatorias que no parecen razonados ni razonables. Efectivamente, la Carta Magna considera la proporcionalidad en la rectificación, pero la entiende no como la necesidad de reproducir exactamente en el mismo espacio, sino como darle un espacio equivalente y contextualizado.
En cuanto a la reparación civil, la doctrina de libertad de expresión que alentamos, junto con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), precisa que debe despenalizarse el procesamiento de todas aquellas faltas cometidas a través de los medios de comunicación.
Además, según nuestra legislación no existe sanción penal por la rectificación. Solo cuando se produce una querella, eventualmente podría dictarse pena de prisión hasta de cuatro años más el pago de la indemnización por daños que se pueda causar al querellante, de manera solidaria.
Apretar al medio para asfixiar al periodista
La sangre de Bagua salpicó en el ojo de Mercedes Cabanillas. Obligada a abandonar el ministerio del Interior por la masacre de policías y nativos, peleó bajo la mesa para arrebatarle a Jorge del Castillo la presidencia de la comisión de Constitución del parlamento. Una vez allí, debuta poniendo en agenda una ley mordaza para la prensa nacional.
En política nada es casual. Mientras los cadáveres desfilaban por la Curva del Diablo, se cortó la señal de “Radio la Voz” de Utcubamba y se canceló su licencia argumentando razones administrativas prontamente desmentidas.
El coro oficialista denunció que las radios lugareñas incentivaban la violencia. La prensa local, y no la tozudez del régimen, resultaba ser la responsable de la tragedia amazonense. El intento de desviar culpas no prosperó, pero quedaron revueltas las entrañas de los halcones del gobierno. De allí a la ley mordaza, distó un paso.
El proyecto que introdujo el aprista José Vargas en enero, ahora es levantado al aire y rastrillado por Meche Cabanillas. Se busca, dicen, regular el derecho de las personas afectadas por afirmaciones inexactas o injuriosas, estableciendo el procedimiento para dar cumplimiento al derecho de rectificación.
Para ello se acorta el plazo de rectificación, se une al “club” a los medios electrónicos (cuidado Útero de Marita) y se señala como tercero civilmente responsable al medio de comunicación, cuando el periodista o el director no cumplan con el pago de las indemnizaciones.
Nadie duda que deban castigarse la injuria, la calumnia y la difamación. Conocemos los excesos de la prensa. Pero ya existe una Ley de Rectificación, y el Código Penal sanciona al difamador, ¿cierto Magaly Medina?
La carga del proyecto, sin embargo, está en el castigo monetario al medio de comunicación al hacerlo corresponsable del exceso. Y los primeros medios en caer serán los más débiles, especialmente la prensa local donde, desgraciadamente, hay terreno fértil y poca plata.
Por improvisación, descuido o desidia, allí suele confundirse prensa con propaganda y opinión con difamación. Y esto se mezcla con el buen periodismo, valiente y veraz, creando la confusión ideal para el zarpazo de la ley mordaza.
También se coloca en la mira a la prensa electrónica, extraordinaria ventana abierta al mundo donde sin mucho capital y bastante coraje –que siempre es bueno combinar con rigurosidad- se destapan los chanchullos que la prensa del stablishment sumerge.
En cuanto a los grandes medios, el mensaje es claro: acortar riendas, para no tener que pagar –en efectivo- las consecuencias de la libertad de sus hombres de prensa.
Electores peruanos
A su modo, el elector peruano reclama un cambio en el sistema político. Y lo que hace el sistema político es ofrecerle más de lo mismo.
La común camisa de fuerza que viste el elector es la de las urnas, a la que es llevado obligatoriamente cada cuatro o cinco años a depositar su voto, más emocional que racional, entre opciones, además, donde el mal menor juega la carta del milagro. Luego sobreviene lo peor: como el sistema político vive desconectado de la realidad y hace poco o nada por representarla, los electores terminan mirando al balcón de enfrente, a ver si asoma un “outsider”.
Este reclamo por un candidato presidencial nuevo e independiente, como lo refleja la encuesta de Ipsos Apoyo, no es el primero ni el último. Desapareció relativamente un largo tiempo luego de que el régimen del “outsider” del 90, Alberto Fujimori, se derrumbara estrepitosamente sobre sus propios éxitos y fracasos. Ahora resurge en medio del desgaste de quienes no han dejado de ser candidatos o candidatos voceados desde el 2006 hacia acá.
Probablemente, el Perú sea uno de los pocos países en el mundo en que a las horas de una elección presidencial emergen de entre la resaca de la campaña política un líder de la oposición y un enjambre muy activo de candidatos a suceder al ganador.
¿Quién permite, promueve y fortalece todo esto?
Ni más ni menos que el precario sistema político que nuestros representantes en el Congreso se empeñan en no reformar.
Por eso no tenemos el número de representantes en Diputados y Senado que haría del Congreso una institución capaz de saber a quién rendirle cuentas. Por eso tenemos un voto preferencial que distorsiona la esencia democrática al interior de los partidos. Por eso en estos no tenemos elecciones primarias ni menos preselecciones meritocráticas de candidatos. Por eso carecemos de una renovación auténtica del Congreso con mandatos de solo dos años y medio. Por eso tenemos una ley de partidos que aspira a ser más bien el estatuto de un club exclusivo de socios convocados a sí mismos en provecho propio.
Al delegar poder el elector delega un cheque en blanco. Eso es lo que hay que corregir. Nos ha sucedido repetidas veces, desde los alcaldes a los regidores, de congresistas a presidentes regionales. Los pueblos se quejan después de unas semanas de la pésima elección que se hizo, pero ya es demasiado tarde. El Perú no ha cambiado en las últimas décadas, los políticos siguen siendo improvisados mamotretos que ganan siempre por una nariz o que ganan por la coyuntura del odio y la disyuntiva de la razón.
En el Perú no hay castas políticas simplemente existen hombres con intenciones, mujeres con intenciones y electores descarriados y confundido, buscando la tierra prometida, esa que nunca encontramos.
Conflictos sociales
Los conflictos sociales son hoy en día una triste imagen del Perú contemporáneo, las comunidades y los pueblos se reúnen para protestar por lo que consideran es injusto. Las empresas privadas avalan su ingreso a tierras peruanas con justificaciones apoyadas por una legislación que cada vez provee más de herramientas legales a los inversionistas que al mismo pueblo, entonces surge como una reacción casi inmediata el conflicto, el grito y con ello el horror y la tragedia. Y no solo en el Perú sino en el mundo entero.
Suelen decir los historiadores que el siglo XX fue un siglo de una gran crueldad. Las guerras mundiales y la limpieza étnica son ejemplos al parecer inapelables de cómo la especie humana descendió a los niveles más bajos del horror.
Sin embargo en estos nueve años del siglo XXI no ha habido un solo día de tregua. Hay, alrededor del mundo, treinta conflictos armados de distinta intensidad pero de una misma aterradora coincidencia: la mayoría de los muertos los pone la población civil indefensa.
Y no es que la civilización se haya quedado corta en declaraciones, pactos, convenciones, sistemas supranacionales, etc. sino que aún no logramos implementar formas de organización que no vean en las diferencias una inevitable confrontación, que se logre traducir las normas en acciones prácticas y que se acorte la distancia entre la ética y la política, entre lo privado y lo público.
En el Perú también la velocidad en el papel es mucho mayor que en el terreno. Tenemos un Acuerdo Nacional con cuatro políticas explícitas sobre la construcción de la paz, un Plan Nacional de Derechos Humanos, un extraordinario Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y, sin embargo, no cuaja aún el ideal democrático hecho de diálogo, respeto mutuo y construcción de consensos.
A ese ideal y en medio de una transición incompleta, la Defensoría del Pueblo quiere contribuir desde la defensa de los derechos y la supervisión de la administración del Estado. Una buena manera de ejercer esa defensa es entendiendo los conflictos sociales en el Perú e interviniendo constructivamente en ellos.
Cajamarca debido a la gran cantidad de denuncios, básicamente mineros, se ha convertido en una de las tierras más proclives al conflicto social, el que estalla de manera inmediata ante la negativa de las empresas de dialogar y ante el desamparo que sienten los pobladores de organismos gubernamentales como las gobernaciones que solo avalan la actitud del gobierno y que se encapsulan en demagogia inversionista.
Desde el Quilish, cuando Cajamarca entera se unió para defender el derecho a la vida, cientos de conflictos han surgido por todas partes de la región, mientras que el gobierno ha cambiado de estrategias para evitarlos y acentuó la represión, surgió la Defensoría del Pueblo como un rayo de luz en la oscuridad.
Tiempos de crisis
Nuestra región atraviesa un periodo de crisis emotiva crucial, los distintos sectores políticos han entrado en la etapa de querer lucir sus mejores poses apuntando a las próximas elecciones, pero mientras algunos políticos han hecho su mejor esfuerzo para mostrar su lado más amable y encantador, otros solo han hecho lo contrario, es decir, marchan en sentido contrario al de su partido y al de su lineamiento político.
Los conflictos internos entre distintos voceros y funcionarios en el gobierno regional y municipal son prueba de ellos, mientras las cabezas de ambas instituciones se han preocupado por dar una mejor imagen de todo cuanto hecho, funcionarios de mando medio se han propuesto mover las bases del cimiento político de ambos partidos.
La coyuntura política en el país siempre ha sido efímera, eso debe a que los partidarios solo buscan burocratizar las instituciones del estado, burocratizar todos los sectores y cuando lo han conseguido los cimientos de los partidos han empezado ha desmoronarse con el permanente vegetar de quienes no han respondido a su encargatura.
Los cargos políticos son una encargatura, una efímera decisión que suele ser tediosa cuando se la mira desde el cargo burocrático que solo pretende una figuración media y un acomodo político. Es difícil hablar en nuestro país de políticos de carrera que vivan para su partido y que a costa de todo lo ubiquen siempre en un puesto meritorio.
Cajamarca se ha visto sorprendida en los últimos días por negaciones de afirmaciones hechas que han tenido un remezón dentro de los diferentes organismos políticos que tienen el control en la región. Una suerte de envidia se ha enquistado en quienes ostentan el poder y ven que personajes nuevos surgen a la palestra con relativo éxito.
Este tipo de actuaciones no solo hacen daño al partido político X, Y ó Z, sino que hacen daño a las instituciones que involucran y antes que los apetitos personales se debería pensar seriamente en el daño que se le hace a los cajamarquinos.
Los verdaderos políticos anteponen los intereses de un pueblo a los propios. Sabemos que los gobiernos municipal y regional sabrán limpiar la paja del trigo y reordenar sus respectivas casas, por bien de Cajamarca y de los cajamarquinos.
Después de dos años
Después de dos años de que un terrible terremoto sacudiera el sur de nuestro país, sería bueno analizar las causas de por qué hay por lo menos 120 mil familias que todavía viven a la intemperie, tapándose con esteras y plásticos. Se podría ensayar duras críticas a la lentitud del Ministerio de Salud que, 24 meses después, ha sido incapaz de demoler el golpeado Hospital Regional de Ica para empezar a construir uno nuevo. Podríamos también indignarnos con todos aquellos que se tiran la pelota señalando que el fracaso de la reconstrucción es culpa del otro. Pero no.
Es mejor recordar que, en medio de tanta ineficiencia, hubo algo que sí funcionó ese fatídico 15 de agosto en el que la tierra tembló por más de 210 segundos: la gente. A pesar de que, en un inicio, las comunicaciones se interrumpieron y no se pudo medir la magnitud de los hechos, una vez pasado el desconcierto inicial, y enterados de la terrible tragedia que vivían nuestros hermanos de Ica, Pisco Chincha y Huancavelica, mujeres y hombres de todos los rincones del país hicieron un alto en sus rutinas y dedicaron su tiempo y esfuerzo a ayudar a quienes más los necesitaban.
Las imágenes en la televisión y las voces en la radio daban cuenta de una población que lo había visto desaparecer todo entre el polvo asfixiante del desierto y la tierra pegajosa del adobe. Los llantos de niños que buscaban a sus madres o de vecinos llamando a sus amigos se mezclaban con los de los representantes de Defensa Civil, que contaban los muertos de cien en cien hasta llegar a más de quinientos. Pero también se confundían con las palabras de aliento de jóvenes universitarios que se organizaron en brigadas para construir módulos de vivienda que albergaran a los que dormían en la plaza casi mezclados con los muertos. Y con la fortaleza de los médicos que trabajaron días sin dormir y comer. O con el incansable espíritu de los rescatistas que pusieron su vida en peligro para arrancar de los escombros a los que luchaban por su vida. En todo el Perú, amas de casa organizaron eficientes sistemas de recolección y reparto de alimentos. Niños escribieron cartas y mandaron juguetes. Empresarios se olvidaron de hacer negocios y donaron toneladas de comida, agua y abrigo.
El ciudadano común y corriente demostró que los beneficios del crecimiento económico no se miden con la cantidad de celulares vendidos, sino con las muestras de solidaridad de un pueblo que hoy, menos apremiado por la crisis o por la violencia cotidiana, puede dejar de pensar en sus propios problemas y volver su mirada para ayudar al otro. En resumen: hace dos años, la gente de a pie hizo su trabajo y demostró que podemos ser mejores, que tenemos ciudadanos de primera clase. El Estado, en cambio, hasta ahora no logra estar a la altura de su gente.
Guerra Santa
El cardenal Cipriani le ha lanzado un manotazo al padre Marco Arana denunciando su voluntad de incursionar en la política. Por su lado, el cura emplazado le ha enviado el vuelto argumentando que el arzobispo de Lima no tiene autoridad sobre su ejercicio sacerdotal. Las cenizas que dejan las disputas entre una derecha e izquierda católicas se encienden otra vez. Si a esto le sumamos los codazos por la administración de la Universidad Católica, es evidente que las guerras santas se han vuelto endémicas.
El cura Arana está más cerca de Evo Morales y Hugo Chávez que de monseñor Cipriani. Y el propio arzobispo de Lima está más cerca del vicepresidente Luis Giampietri que de cualquier sacerdote zurdo. Durante el último ‘Baguazo’, algunos curas de esa región de la selva y sus voceros no parecían hombres de Dios: lanzaban comunicados que denunciaban masacres y exterminios de nativos. Hoy, queda claro que los hombres sagrados mentían sin sonrojarse. En todos estos golpes de sotanas, Dios es dejado de lado y la influencia del catolicismo se adelgaza demasiado.
Desde los años sesenta hasta inicios de los ochenta, la izquierda católica, con sus intentos de entreverar las barbas de Cristo y las de Marx, copó la iglesia latinoamericana y los resultados fueron inevitables: el Vaticano contempló cómo la sólida feligresía tradicional abandonaba los templos y se pasaban en masa a las corrientes protestantes. Hoy, en el Perú, el avance de las confesiones evangélicas es tan macizo que ya debemos hablar de varias versiones del cristianismo. La cosa es tan seria que el Parlamento del Perú, quizá uno de los países de más poderosa herencia contrarreformista, acaba de sancionar la ley de igualdad religiosa.
El problema del catolicismo es su tendencia al extremismo y su fervor por la autoridad. La consolidación de los intereses terrestres del marxismo en las parroquias desencadenó una reacción conservadora mundial. La jerarquía eclesial del Vaticano se lanzó a quemar preservativos, a estigmatizar a los homosexuales, a atrincherarse en el celibato medieval y a negar el sacerdocio a las mujeres. Se alejó de la esencia libertaria del mensaje de Cristo y, tarde o temprano, enfrentará otra reforma planetaria. Las paredes del Vaticano volverán a crujir con nuevos luteros y calvinos.
La voluntad profana del padre Arana de incursionar en política, una voluntad tan acerada que, inclusive, deja entrever la posibilidad de abandonar el sacerdocio, revela que lo sagrado es accesorio para algunos curas. En todo caso, la verdad asoma como una gigantesca cordillera. El cristianismo se liberará de autoridades y radicalismos y volverá a sus prácticas primigenias: la preeminencia de lo local y la libertad de interpretar el mensaje bíblico. Arana no destruye a la derecha católica, erosiona a toda la jerarquía eclesial.
Cuando la pobreza limita
Hace tres años la Dra. Martha Farah, de la Universidad de Pennsylvania, descubrió en su laboratorio qué tan grande puede ser la injusticia. En efecto, en el 2006 terminó de recoger y analizar una abrumadora cantidad de estadística que mostraba como los niños criados en la pobreza desarrollan habilidades memorísticas considerablemente menores de las de los hijos de la clase media.
Este año, Gary Evans y Michelle Schamberg, investigadores de Cornell, han descubierto en el estrés el nexo por el que la pobreza hace esto a los cerebros infantiles. Evans y Schamberg siguieron el desarrollo de un significativo grupo de personas pobres y de clase media desde la niñez temprana y comprobaron cómo los indicadores del estrés (la presión sanguínea, ciertas concentraciones hormonales, el índice de masa corporal, etc.) eran mucho más elevados en los pobres y cómo la capacidad de retención de datos con la que todos llegaban a la adultez variaba según los niveles de estrés mostrados durante la infancia: a más estrés, menos memoria. Lo que coincidía con estudios ya existentes que revelaban como determinadas cantidades de estrés traban la actividad neurotransmisora y la regeneración neuronal y, sobre todo, encogen la corteza prefrontal y el hipocampo, las áreas cerebrales más vinculadas con la memoria.
Lo que Farah, Evans y Schamberg han mostrado, en buen cristiano, es que los niños de los pobres, antes de que estén en edad de poder tomar cualquier decisión de la que puedan considerarse autores, reciben un puñetazo de tensión que, además de doler mientras ocurre, los deja limitados justamente ahí desde donde podrían esquivar los futuros golpes que la vida sin duda lanzará en su camino: en el cerebro.
Puede que no estemos necesariamente frente a un knock-out. Ciertamente el coeficiente intelectual no es el único factor que influye en la forma como le pueda ir a uno en la vida: cosas como la determinación, el tesón o el empuje pueden tener un rol al menos igual de importante y, por cierto, escasean muchas veces ahí donde las niñeces han sido acolchonadas. Pero ciertamente sí se trata de una limitación severa que les cae, cuando todavía están en el partidor y precisamente en lo que, por así decirlo, es el aparato para resolver problemas, a quienes están en situación de tenerlos más.
Los humanos somos seres sorprendentemente plásticos. Somos moldeados por nuestro entorno aún en los aspectos más estructurales y que suponemos más fijos. Es decir, llevamos nuestro pasado escrito en el cuerpo. Y nunca tan injustamente como cuando ese pasado no lo escribimos nosotros, sino la pobreza infantil, y amenaza con albergar en su duro seno la historia de nuestro porvenir.
Separando la paja del trigo
“La Policía debe subordinarse a las FF.AA. en el VRAE”, plantea el ex presidente del Comando Conjunto, el almirante Jorge Montoya. Pero no se queda allí, propone también que la Policía Nacional pase al Ministerio de Defensa.
En sus respuestas, el almirante no oculta sus añoranzas por el fujimorismo, pero habría que empezar recordando que ni siquiera durante esa dictadura, en donde los militares tuvieron el poder que tuvieron, esa barbaridad estuvo en agenda.
En el kindergarten se aprende que una de las divisiones elementales en materia de seguridad es que las Fuerzas Armadas se encargan de la defensa nacional frente a las amenazas externas y las policiales protegen a los ciudadanos de las amenazas internas. Solo en circunstancias de emergencia, excepcionales y temporales, se requiere de las Fuerzas Armadas como apoyo.
La razón es simple y conocida: la doctrina, la formación, el entrenamiento y el armamento que se necesitan para la guerra son radicalmente distintos de los que se requieren para enfrentar el delito. Estamos ante dos profesiones diferentes y, cuando los soldados hacen de policías, causan graves problemas; pero, además, si de tanto intentarlo empiezan a actuar como policías, los soldados pierden la especialización en lo que les es propio: la guerra. Peor todavía, mezclar en el mismo ministerio a la Policía y a las Fuerzas Armadas solo puede tener el objetivo de subordinar a la Policía y controlar sus recursos.
La propuesta es conceptualmente errada, pero lo que la hace aún más incongruente es que se haga justo cuando los avances en la lucha contra Sendero están viniendo de la Policía y no de los militares.
Las Fuerzas Armadas, a cargo del VRAE, vienen sufriendo lamentables bajas, sin que se perciba avances en el control de los subversivos que dirige ‘José’. Más bien, el reciente ataque a la Diroes en San José de Secce daría cuenta de que están más fuertes que antes y que su movilidad es mayor. (Dicho sea de paso, allí, la Policía los enfrentó valerosamente, impidiendo los objetivos de los senderistas).
En cambio, en el Alto Huallaga, donde la Policía al mando del general Valencia Hirano está a cargo de la tarea, viene dándole a Sendero duros golpes (y sin hacer tanto aspaviento ni reclamar todos los días por más plata). Hace poco estuvieron a punto de capturar al propio ‘Artemio’ y acaban de detener al ‘Mono’, uno de sus lugartenientes.
A diferencia del VRAE, el fin de la columna senderista del Huallaga podría estar cerca, por acción de la Policía, usando métodos policiales. Es verdad que el VRAE es más difícil y la Policía tiene también sus graves problemas, pero plantear que los policías se subsuman dentro del aparato de la defensa no se condice con la realidad.
