Política

Muchos son los que aún no han leído a Arguedas y sin embargo guardan devoción por su vida señera y apasionante. Fue un comunicador de verdades y realidades. El mundo de Arguedas es un sueño presente de los migrantes del Ande. En 2012, comenzada ya la segunda década del siglo XXI, uno de cada tres habitantes de Lima es quechuahablante.

José María Arguedas (Andahuaylas, Perú, 18 de enero de 1911-Lima, 28 de noviembre de 1969), un siglo después de su nacimiento es uno de los mejores escritores de América Latina que ha contribuido a la necesaria integración social como única posibilidad de ingresar a una civilización global y moderna unida fuertemente por los lazos de la solidaridad y a la vez, multiétnica y pluricultural.

Su obra poética, literaria y antropológica tiene un valor inconmensurable que ha roto con la declarada “utopía arcaica” de la que hablaban del indigenismos y otras corrientes literarias mestizas. La academia, muy cerca de las expresiones populares –artesanos, cantantes, músicos, danzarines, escritores, humoristas, dirigentes vecinales– revela resultados imprevisibles de la heredad arguediana.

Inclusive, el mercado encuentra una veta para banalizar la rica creación, como ha ocurrido con otros pensadores que destacan la capacidad transformadora de los hombres y mujeres del Ande.

Felizmente, la revolución tecnológica de la comunicación, aprovechada por los sectores populares, hace posible desentrañar varios misterios sobre Arguedas, que junto con Vallejo, Ciro Alegría, Martín Chambi, Mariátegui, Mario Vargas Llosa, Manuel Scorza, y la lista es larga, son constructores de la peruanidad con visión y proyección universal.

En el mundo recientemente se suma el movimiento de los indignados, que plantea un modelo de desarrollo sostenible a partir de la asociación de los productores y el manejo creativo de la biodiversidad.

La obra de Arguedas, inseparable de la justicia social y la paz colectiva en el Perú, constituye un mundo por descubrir.

La cátedra sobre Cultura Peruana de Rodrigo Montoya, antropólogo y discípulo de Arguedas y profesor de universidades de Brasil y de otras muy importantes, nos sirve para recordar que en los tiempos del fujimorismo las multilaterales, como el BID, fueron atrapadas por los funcionarios ultraliberales que se negaban brindar apoyo a los reconocidos investigadores sociales peruanos.

Es el caso del trabajo de Carmen Pinilla, de Alfonsina Barrionuevo y otros. Con el sofisma de que Arguedas generaría debates políticos, se prefería fomentar en Washington exposiciones de pintura abstracta y charlas de intelectuales de ultramar no “radicales”.

El libro Arguedas, Perú infinito, de reciente publicación y que aparece casi al cierre de los festejos en memoria del primer centenario del nacimiento del escritor, es una ocasión para conocer más Yawar Fiesta, Ríos profundos, Todas las sangres y otras novelas, no leídas por la gran mayoría; pero que la sociedad las identifica de manera intuitiva por ser parte de su mundo real.

Durante muchos años, nuestro país ha buscado los mecanismos que permitan a nuestra población la formalización de sus propiedades, específicamente en los asentamientos humanos, que nacieron como consecuencia de la migración de la población provinciana a la gran capital y otras ciudades del país.

Diversas acciones se han emprendido para asegurarle a las familias una vivienda propia que les permita elevar su calidad de vida. Sin embargo, esta necesidad ha sido empleada por muchos políticos para sus campañas políticas y así obtener réditos electorales, sin cumplir sus promesas.

En cuanto a política de Estado, los gobiernos de turno no supieron establecer criterios válidos para el manejo del desarrollo de la vivienda en el Perú. En cambio, sí se produjo un veloz y acelerado desarrollo de las inversiones privadas en el rentable negocio inmobiliario y se siguió manteniendo esa gran diferencia social dentro de nuestra sociedad.

La creación de instituciones como el PETT y lo que es hoy Cofopri solo han permitido en su contexto albergar en sus instituciones políticas inestables, alejadas de todo sentido técnico, legal y de saneamiento con una verdadera visión de nuestra realidad en cuanto se refiere al problema habitacional.

El saneamiento físico-legal y la formalización de los predios es una necesidad urgente y, a la vez, un derecho que constitucionalmente les asiste a todos los ciudadanos. Además, una adecuada y eficaz política habitacional de Estado implicaría impulsar un gran motor de la economía que no solo mejoraría la calidad de vida de quienes aspiran a tener una vivienda, sino a impulsar más el movimiento económico de varios factores de inversión y desarrollo.

Nuestro país requiere para ello dar e impulsar un proyecto más audaz, en el cual nos olvidemos de las pasiones políticas y apostemos por una acción más objetiva, técnica, moderna y viable. Sabemos que en los últimos años la Sunarp ha sido una de las instituciones que válidamente han contribuido a mejorar la información en cuanto a predios urbanos, rurales y rústicos, contando para ello no solo con un personal altamente capacitado que ha podido conjugar todo un trabajo técnico bien elaborado y que hoy permite a nuestro país mostrarlo con orgullo.

Es decir, mientras no sepamos distinguir que acciones del Estado de carácter técnico calificado, sin clientelaje electoral, seguiremos en el arcaico sistema del egoísmo y la mediocridad, llevando a nuestro pueblo a seguir manteniendo un sistema de desigualdad e injusticia.

Hace unos días nos enteramos de un hecho que conmovió a la opinión pública, se trata de la detención del ciudadano Gastón Gabriel Mansilla Yupanqui, joven cusqueño y estudiante universitario de 20 años de edad, quien –al parecer– actuando en legítima defensa acabó lamentablemente con la vida de quien ha referido ser su atacante, que instantes antes habría participado en un hecho delictivo en su agravio, ilícito penal que habría ocurrido el 7 de enero de 2012 por inmediaciones de la Av. Tacna con la intersección de la Av. Nicolás de Piérola en el Cercado de Lima.

Al respecto, cabe hacer las siguientes precisiones: en primer lugar, recordar que la “legítima defensa” es un derecho fundamental por estar previsto en la Constitución Política del Estado, y como todo derecho debe ser ejercido o invocado. Luego, de acuerdo con el artículo 20 Inc. 3) del Código Penal, se establece que está exento (libre) de responsabilidad penal, entre otros, el que obra en “defensa de bienes jurídicos propios o de terceros”, siempre que concurran tres requisitos: a) Agresión ilegítima; b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios de que se disponga para la defensa y c) Falta de provocación suficiente de quien hace la defensa.

Conforme se advierte de la norma invocada, la valoración de la proporcionalidad de los medios empleados fue excluida mediante la Ley N° 27936 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 12 de febrero de 2003, lo que significa que conforme a dicha ley, por invocada que sea la legítima defensa, esta debe ser materia de evaluación y decisión por parte del Ministerio Público a efectos de abstenerse de ejercer la acción penal, de formular acusación o de retirar la acusación ya emitida.

Ahora bien, en el supuesto que el Fiscal Provincial formule denuncia penal –como ocurrió en este caso– el magistrado penal, de acuerdo con el artículo 3 de la mencionada ley, estaba en facultad de no abrir proceso penal contra Gastón Mansilla Yupanqui. Caso contrario, la misma norma señala que “impondrá mandato de comparecencia, cuando existan indicios válidos de legítima defensa”.

La pregunta que surge de inmediato es ¿cuáles han sido los argumentos en que se basó la jueza penal que dictó mandato de detención para incumplir la Ley N° 27936?

EL DERECHO FUNDAMENTAL A GOZAR DE UN AMBIENTE EQULIBRADO Y ADECUADO

*Everlin H. Díaz Palomino

I. Introducción.

La explotación irracional de nuestros recursos naturales como consecuencia de un crecimiento económico desordenado, sin respeto a los derechos ambientales, nos lleva a reflexionar sobre la real protección del derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, el mismo que se encuentra prescrito en el artículo 2°, inciso 22, de la Constitución Política del Perú de 1993. El reconocimiento constitucional de este derecho encuentra su justificación en la propia dignidad de la persona, sin embargo, pese a este reconocimiento, hoy en día al parecer esto no es suficiente para su protección eficaz. Todos de alguna manera conocemos que somos titulares de este derecho fundamental, pero, muy pocos comprenden su verdadera dimensión. En el presente trabajo daremos a conocer algunos aspectos importantes que componen este derecho, que nos ayudará a entenderlo y ejercerlo adecuadamente.

II. Elementos que configuran el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado.

El derecho fundamental en estudio se compone de dos elementos, por un lado, otorga a sus titulares el derecho a gozar del ambiente adecuado para el desarrollo de su vida, y de otro lado, implica que ese ambiente se preserve.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiteradas sentencias (1) en la que a partir de una interpretación del artículo 2° inciso 22 de la Constitución ha establecido que el derecho fundamental en referencia se configura por los siguientes elementos: 1) El derecho a gozar de un ambiente equilibrado. 2) El derecho a que dicho ambiente se preserve. Y en este sentido ha explicado la connotación de cada uno de ellos, señalando lo siguiente:

1) El derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y en el caso que el hombre intervenga, no deba de suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad. De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido.

2) El derecho en análisis se concretiza en el derecho a que el medio ambiente se preserve. El derecho de preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. A juicio de este Tribunal, tal obligación alcanza también a los particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente. (2)

III. El derecho a derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, y su relación con el desarrollo sostenible.

Para una mejor protección del derecho a un ambiente sano, este debe ser relacionado con el concepto de desarrollo sostenible que también tiene reconocimiento constitucional. El derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado (…) Tiene una relación directa con la calidad de la vida no solo de las presentes generaciones sino de las futuras generaciones. El ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida incluye tratar a la naturaleza no solo pensando en su relación vital con el ser humano, sino también dejando en herencia un mundo equilibrado para las futuras generaciones. (4)

En este sentido el TC ha señalado que: “Las obligaciones impuestas tanto a los particulares como al Estado, destinadas al cuidado y preservación del ambiente, no sólo pretenden conservar el ambiente para el goce inmediato de la ciudadanía, sino que este cuidado se extiende a la protección del disfrute de las generaciones futuras, fundamento del concepto de desarrollo sostenible. (…) se asume un compromiso de justicia no solo para los ciudadanos que hoy deben aplicar las técnicas de explotación e industria que causen el menor impacto posible al ecosistema, sino también para las futuras generaciones. (5)

IV. El derecho a un ambiente equilibrado y adecuado, y su relación con los principios que garantizan su protección.

Los principios son las directrices o guías que orientan a los operadores jurídicos en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. En Derecho Ambiental existen principios que deben de tener en cuenta a fin de que se garantice una protección eficaz del derecho fundamental en estudio. Así tenemos: El principio de sostenibilidad, de prevención, precautorio, de responsabilidad ambiental, de internalización de costos, de equidad, de gobernanza ambiental.

El máximo interprete de la norma suprema ha señalado que: “En cuanto al vínculo existente entre la producción económica y el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, se materializa en función de los principios siguientes: a) el principio de conservación, en cuyo mérito se busca mantener en estado óptimo los bienes ambientales; c) el principio de prevención, que supone resguardar los bienes ambientales de cualquier peligro que pueda afectar su existencia; d) el principio de restauración, referido al saneamiento y recuperación de los bienes ambientales deteriorados; e) el principio de mejora, en cuya virtud se busca maximizar los beneficios de los bienes ambientales en pro del disfrute humano; f) el principio precautorio, que comporta adoptar medidas de cautela y reserva cuando exista incertidumbre científica e indicios de amenaza sobre la real dimensión de los efectos de las actividades humanas sobre el ambiente, y g) el principio de compensación, que implica la creación de mecanismo de reparación por la explotación de los recursos no renovables. (6)

V. Características del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado.

a. Es expresión de la dignidad de la persona.

El artículo 1° de la Constitución señala: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Efectivamente, la dignidad humana viene a representar el valor y principio supremo sobre la cual se erige todo el ordenamiento jurídico. La dignidad humana supone el respeto intrínseco a la persona como un fin en sí mismo, y su respeto debe orientar todo el accionar del Estado como de los particulares para lograr una mejor calidad de vida y que esta se desarrolle en un ambiente adecuado. En consecuencia, la dignidad de la persona humana es el fundamento del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.

b. Es un derecho finalista y personalista

Finalista, porque su reconocimiento tiene por finalidad proteger el goce de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la persona. Personalista, porque su protección implica un adecuado desarrollo de la vida. Por tanto, su reconocimiento tiene una orientación no sólo ecocéntrica sino también antropocéntrica.

c. El derecho como interés de pertenencia difusa.

La titularidad de este derecho corresponde a todos y cada una de las personas. Pero asu vez trae consigo algunos problemas (indeterminación, abstractos y la vaguedad de los elementos que lo componen) que dificultan su entendimiento y eficacia.

VI. Sujetos del derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado.

El titular-sujeto activo- del derecho fundamental en estudio es el ser humano considerado en sí mismo. Pues el goce y disfrute del entorno equilibrado y adecuado es acción personalísima del sujeto, que tiene por objetivo su desarrollo personal. Al respecto Raúl Canosa Usera, señala que: “(…) a diferencia de lo que acontece con otros derechos y libertades, el derecho a disfrutar del medio ambiente es ejercido constantemente por todos y cada uno de sus titulares. Ello complica el comercio jurídico y la relación entre este derecho y los demás con los cuáles está en frecuente colisión o solapamiento. (7)

Los otros elementos que componen el ambiente, tales como, los animales, la flora, la fauna viene a constituir el objeto de protección del derecho ambiental, que con su interrelación con el ser humano hacen posible el desarrollo y disfrute de la vida.

El sujeto pasivo es el Estado a quien vincula y obliga a realizar acciones de “hacer” y “no hacer”, para garantizar el goce del derecho a un ambiente sano. Al tener el carácter de derecho social e individual, el sujeto pasivo, no es solo el Estado, sino también los particulares. El ejercicio de este derecho sólo será posible si es que todos cumplimos con nuestra obligación de cuidar y preservar nuestro ambiente.

VII. Dimensiones del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado.

El derecho bajo análisis tiene dos dimensiones o vertientes como también se le ha venido a llamar, una dimensión reaccional, esta faz se traduce en la obligación del Estado de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que afectan al medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida humana. De otro lado tenemos a su dimensión prestacional, esta faz se traduce en la imposición al Estado de la realización de tareas u obligaciones destinadas a conservar el ambiente equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en una haz de posibilidades, tanto de conservación como de prevención.

VIII. Conclusiones.

1. El derecho fundamental a un ambiente equilibrado y adecuado se compone de dos elementos: el derecho a gozar de un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida y el derecho a que este se preserve para hacer posible el ejercicio de los demás derechos fundamentales. Elementos que deben de ser relacionados con su faz reaccional y prestacional, tendiendo en cuenta su característica de derecho social.

2. Una real y eficaz protección del derecho fundamental a un ambiente equilibrado y adecuado, compromete el accionar responsable no solo del Estado, sino también de los particulares y más aún de los que con su actividad económica puedan alterar la relación armónica con el ambiente. Por ello, este derecho fundamental debe ser entendido dentro de una visión de desarrollo sostenible para garantizar su goce y preservación, a las presentes y futuras generaciones.

3. Su característica de interés difuso, la imprecisión, vaguedad de los elementos que componen el ambiente y la de ser un derecho social, afectan su ejercicio. Por ello es importante que a nivel de la normatividad infraconstitucional se busquen mecanismos para efectivizar su ejercicio. En este sentido los principios del Derecho ambiental cumplirán un rol de vital importancia para garantizar la protección de este derecho.

* Abogado asociado del área de Derecho Ambiental del Estudio Osterling S.C

Notas:

1. Por ejemplo las decisiones emitidas en los Expediente N° 018-2002-AI/TC. Expediente N° 048-2004-AI/TC.

2. Fundamento 3. Expediente N° 1206-2005-PA/TC.

3. Bernales Ballesteros, Enrique. “La Constitución de 1993. Análisis comparado”. 3ra Ed. Instituto Constitución y Sociedad. Lima. Pág. 166.

5 y 6 Fundamento 4. Expediente N° 1206-2005-PA/TC. Fundamento 5. Expediente N° 1206-2005-PA/TC

7. Raúl Canosa Usera. “Constitución y Medio Ambiente”. Juristas Editores E.I.R.L. Lima.2004. Pág. 138.

El Estado peruano del presente siglo –portador de lastres y secuelas del pasado– con ligeros matices, se parece al de cualquier país latinoamericano en cuanto a su debilidad, pobreza y gestión vertical de las políticas públicas. Cumple un rol subsidiario, las reguladoras ineficaces tampoco son autónomas. Los aparatos económicos cuentan con algunas islas de modernidad. Los aparatos sociales permanecen anquilosados.

Hay una débil soberanía, desigualdad regional, falta de igualdad de oportunidades y de reconocimiento de sus variadas culturas.

Este es el diagnóstico general de un viejo país patrimonialista, que el neoliberalismo no ha podido superar. Es explicable. Por eso persiste la sombra de duda de la mayoría de la sociedad, que se traduce en confusión y divorcio entre la práctica política y las propuestas de importantes organizaciones académicas e investigadores de gran prestigio local y global.

Ya José Ortega y Gasset dio una respuesta: “En las imágenes del futuro no hay verdades, solo opciones”.

Entre los más recientes y lúcidos enfoques académicos sobre la reforma del Estado podemos señalar el de Dieter Nohlen, profesor de la Universidad de Heidelberg, Alemania, con su participación en un seminario en Lima titulado La democracia y sus instituciones en debate. Nohlen confirma que hay una creciente orientación pragmática de buena parte de la Ciencia Política que se manifiesta en su deseable y deseado aporte al debate de reformas políticas.

“Es en la consultoría política concreta en la que la Ciencia Política tropieza con el mundo real, en el que aparece imprescindible tomar en cuenta r razones de probabilidad, idoneidad y efectividad de las propuestas sociales y tecnológicas.”

Pues, por obra y milagro de la gran prensa y el torbellino de información, se olvida de que nuestra sociedad es presa de marcos concretos: el patrimonialismo, que permite a los que acceden al Estado apropiarse de sus aparatos e instituciones y administrarlos como si fueran su propiedad.

En los Estados neoliberales, el patrimonialismo reaparece como captura del Estado por parte de los operadores de los grandes grupos empresariales, como “patrimonialismo moderno” para usar los términos del expresidente brasileño Fernando H. Cardoso.

La modernización de algunos aparatos estatales y el atraso de otros producen, según Guillermo O’Donnell, un “Estado hemipléjico”: los aparatos económicos funcionan más o menos bien, pero los sociales son un desastre. Las reformas económicas neoliberales produjeron islas de modernidad, pero han sido incapaces de producir un aparato estatal moderno y eficiente.