Política
Delincuencia adolescente
0América Latina viene atravesando por el llamado proceso de adecuación del orden jurídico a las prescripciones de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y Adolescentes.
En este proceso intervienen expertos en derecho de menores y adolescentes conjuntamente con equipos de profesionales de diferentes especialidades: médicos, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, educadores y otros.
Ante esta situación, el Perú debe construir un ordenamiento jurídico en respuesta a las infracciones a la ley penal cometidas por menores de 18 años, que se adecue a nuestra realidad.
Se puede recoger experiencias como la de Bolivia que la fija en 16 años, Nicaragua en 13 años. Estados Unidos llega a aplicar condenas de cadena perpetua.
Considero que en nuestra legislación debemos aprobar una normativa que permita que la Medida Privativa de Libertad se aplique a determinadas conductas lesivas y edades, dado que seguir considerando inimputables a menores de entre 12 y 18 años ya no responde a la realidad en materia de lucha contra el crimen organizado.
Tal es el caso, por ejemplo, de la “Mara Salvatrucha”, que tiene conexiones con el narcotráfico, trata de blancas y sicariato, de origen salvadoreño, hasta el momento tiene alrededor de 100 mil miembros en diversas partes del mundo y exigen a sus miembros para incorporarlos que cobren la vida de sus padres.
El Derecho Penal es una forma de control social del Estado frente a conductas lesivas del orden jurídico, por la ofensividad de los delitos cometidos, aun por menores de edad.
Sin embargo, en el caso peruano, el Código Penal vigente, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 635, establece en su artículo 20º que está exento de responsabilidad penal el menor de 18 años.
Y recordando a los delincuentes juveniles no se puede dejar de recordar a Juan Aguilar Chacón, alias ‘Negro Canebo’, que producto de un disparo a sangre fría postró en una silla de ruedas a un joven estudiante que se resistió a su asalto, y confesó haber violado a muchas mujeres, mostrando un total desprecio por la vida, el orden jurídico y los valores.
En Perú el Código de los Niños y Adolescentes (CNA), aprobado mediante Ley Nº 27337, ha instituido un proceso de administración de justicia para niños y adolescentes. En este extremo, es necesario precisar que dicho código considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad y adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad y se lo considera como infractor.
Ahora “Gringasho”, a sus escasos 17 años, pone a prueba nuevamente el sistema jurídico en materia de aplicación de penas a menores y destapa una realidad que preocupa a toda la sociedad.
La Policía Nacional ha informado que solo en Trujillo, Lima y Callao hay más de 100 niños y adolescentes vinculados a la delincuencia organizada.
Es urgente que el Congreso legisle una ley especial para adolescentes que cometen delitos graves y permita que puedan ser juzgados, sentenciados e internados en centros penitenciarios acorde a su peligrosidad y solo en caso de reincidencia.
La cultura es el soporte del desarrollo
0La cultura es lo que somos. Es lo que sustenta nuestras identidades y nuestros sueños de porvenir. Las culturas se nutren mutuamente y contribuyen a que la humanidad sea más rica y más fecunda. Esa diversidad es una fuente de renovación de las ideas y las sociedades. Constituye un inmenso potencial de crecimiento, diálogo y participación social.
Proteger y promover la cultura es hacer vivir esa diversidad. Las nuevas tecnologías y la aceleración de la mundialización acercan a las culturas como nunca antes. La diversidad cultural aparece todos los días en las pantallas de los nuevos medios de comunicación y en nuestras sociedades mestizadas. Esa mezcla es un enriquecimiento, pero puede también suscitar malentendidos y servir de pretexto para la división. Debemos dotar a las jóvenes generaciones de competencias interculturales más robustas para aprender a vivir juntos y sacar el mejor provecho de la multiplicidad de las culturas.
La razón de ser de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) es brindar los medios de liberar el potencial de la diversidad cultural. Las convenciones culturales de la Unesco muestran que la cultura tiene la facultad de estrechar lazos entre el pasado y el futuro, gracias a la protección del patrimonio mundial y del patrimonio inmaterial, y a la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. La cultura ayuda a superar los conflictos resaltando lo que nos reúne. Estimula la creatividad, factor de innovación y desarrollo.
De acuerdo con la Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural, aprobada en 2001, “la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos”. Esta declaración constituye el fundamento de una gobernanza mundial inclusiva, capaz de garantizar en el planeta el respeto de los derechos humanos universales.
La cultura y la creatividad son recursos renovables por excelencia. En momentos en que los Estados buscan medios de crecimiento y de desarrollo sostenible, insto a los responsables políticos y a los agentes de la sociedad civil a que reconozcan ese papel de la diversidad cultural y lo integren en las políticas públicas.
Nuestro entorno natural está fragilizado, sepamos valorizar nuestro entorno cultural. El potencial económico de las industrias creativas las designa como una fuerza impulsora del crecimiento ecológico.
Y la experiencia demuestra que los modelos de desarrollo eficaces son aquellos que saben integrar las especificidades culturales locales para suscitar la participación de las poblaciones interesadas. Las Naciones Unidas se disponen a definir un nuevo programa para la cooperación internacional después de 2015. Es indispensable que la cultura figure como elemento esencial de toda estrategia de desarrollo sostenible, ya que posibilitará el diálogo entre los pueblos y la apropiación de su futuro.
Violencia y falta de oportunidades
0En el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), y los aledaños del Mantaro y Urubamba, se da una gran contradicción. Pese a poseer un enorme potencial agroexportador y ganadero, su población sufre pobreza y marginación con respecto a otras zonas desarrolladas de la Sierra y de la Costa peruana.
Si hacemos un análisis histórico, vemos que, al igual que otras regiones de Perú, castigadas por la pobreza y la falta de oportunidades, la población del VRAE sufre de un mal endémico: la ausencia del Estado, debido a la inacción y la indiferencia de los gobiernos que se sucedieron en nuestra etapa republicana.
La feracidad de sus tierras para el cultivo y producción de coca y su accidentada e inaccesible geografía son factores que le han acarreado otro mal peor: la acción criminal del narcotráfico con sus ramificaciones internacionales y la complicidad de la banda terrorista de los hermanos Quispe Palomino.
Todo el valle abarca 12 mil kilómetros cuadrados de Sierra y selva alta distribuidos en cuatro regiones: Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Cusco.
Los narcotraficantes presionan a los pequeños y medianos agricultores para que privilegien el cultivo de cocales (17 mil hectáreas, según estimados que ya deben haber sido superados). De esa producción, solo un tercera parte la compra legalmente Enaco, lo demás va hacia los acopiadores y de allí a las pozas de maceración para la elaboración ilícita de droga.
Esa actividad criminal es fuente de lavado de dinero, corrupción de autoridades y funcionarios, así como de asesinatos de las fuerzas del orden, toda una cadena que se tiene que romper al más breve plazo posible, para bien de la población directamente afectada y de toda la sociedad peruana.
Ante un problema de tal envergadura, el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, al asumir el mando de la nación, anunció una nueva estrategia orientada a terminar con los remanentes terroristas y a restituir la presencia del Estado en el VRAE y otros valles amazónicos, con la finalidad de impulsar su desarrollo integral.
Esa nueva estrategia, que comprende todos los frentes, desde el militar y policial hasta la acción social con programas de educación, salud, nutrición y vías de comunicación, se está llevando a cabo con el concurso multisectorial del aparato gubernamental.
Sin embargo, para fortalecer y acelerar esta línea de acción hacía falta la participación directa y decidida de los gobiernos regiones y de las municipalidades provinciales y distritales de toda la región involucrada.
Asimismo, resulta decisiva la participación de las comunidades nativas y de los pequeños y medianos agricultores, a efecto de la organización y fortalecimiento de los comités de autodefensa contra el terrorismo.
El país ha observado con satisfacción el diálogo directo realizado por el Jefe del Estado y su equipo ministerial con las autoridades regionales y edilicias del VRAE, donde el Gobierno ha anunciado un paquete de proyectos de desarrollo debidamente financiados que traerán una era de paz y prosperidad para aquella región de la patria.
Límites a la propiedad de tierra
0Hoy en día, no cabe duda de que existe una relación entre la propiedad de la tierra, la seguridad y la soberanía alimentaria del país.
El Perú no ha sido ajeno a este fenómeno. Según el Ministerio de Agricultura (Minag), nuestro país tiene aproximadamente 3 millones de hectáreas de tierra agrícola cultivable, conducidas por 1’745,773 productores; y el 84% del total de productores posee menos de 10 hectáreas.
De acuerdo con el Censo Agrario de 1994, en la Costa existían entonces un total de 869,000 hectáreas de área cultivable, cifra que en la actualidad se estima en un millón de hectáreas. A la fecha, las empresas agroexportadoras y agroindustriales azucareras, constituidas por 34 grupos empresariales, concentran más de 250,000 hectáreas (25% de área cultivable de la Costa, aproximadamente). De este subtotal, una sola empresa concentra más de 100,000 hectáreas, lo que le permite establecer una marcada posición de dominio.
En el Proyecto Olmos, el Estado invirtió cerca de 500 millones de dólares para ampliar la frontera agrícola en 50,000 hectáreas, aproximadamente, lo que representa un costo por hectárea de 20,000 dólares. Cada hectárea fue vendida a un promedio de 5,000 dólares. Esto deduce un subsidio del Estado de 15,000 dólares por hectárea. De este proyecto, el Grupo Gloria compró 16,700 hectáreas.
Si la tendencia continúa, las 180,000 hectáreas que se puedan incorporar con los nuevos proyectos de irrigación serán transferidas a estos latifundios, con lo cual las escasas tierras cultivables de la Costa estarían en manos de poquísimos propietarios, concentrando no solo tierras sino también poder social, político, económico y territorial que otorga el acumular sin límites la propiedad de la tierra.
El proyecto de ley N° 763-2011-CR, de mi autoría, propone que el Estado Peruano establezca límites a la extensión de la propiedad de la tierra agrícola y busca evitar la reconcentración excesiva e irracional de la propiedad, así como mercados de dominio, dada la relación entre la seguridad y la soberanía alimentaria del país y la tierra.
Por este fundamento, desde el congreso se ha planteado un límite de 10,000 hectáreas para la Costa; 5,000 hectáreas para la Sierra y 20,000 hectáreas para la Selva. Asimismo, en ningún valle o cuenca un solo propietario puede acumular más del 30% de la tierra, exceptuándose a las comunidades campesinas y a las tierras del Estado.
Desde una perspectiva legal, la propuesta es compatible dado que el artículo 88° de la Carta Fundamental establece: “La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona.”
Fijar límites a la propiedad de la tierra no ahuyenta las inversiones, como se ha pretendido hacer creer, por cuanto rige en el Perú una Ley de Promoción Agraria que establece condiciones tributarias y otros beneficios extraordinarios para las empresas del sector, lo que, aunado a las especiales condiciones en materia de agua, suelo, clima y el modelo de apertura e integración comercial (TLC), hacen del Perú, un país atractivo a las inversiones.
La ruta trazada
0Si bien el Gobierno mantiene con firmeza la estabilidad macroeconómica, como soporte principal para atraer más inversiones y seguir creciendo en un proceso de desarrollo sostenible con inclusión social, siempre será útil auscultar el frente externo para saber cómo ven el comportamiento de la economía peruana los organismos internacionales especializados.
Esta vigilancia permanente se hace aún más necesaria en estos momentos difíciles para los países desarrollados de Occidente (Estados Unidos y los de la Eurozona), que confrontan serias dificultades financieras que podrían tener efectos recesivos en la economía mundial y que presentan su punto más crítico en la crisis griega.
En tal sentido, hay que destacar tres informes que contienen altas calificaciones y proyecciones alentadoras para el proceso económico peruano en el presente año y en 2013.
Tales reportes se resumen en los siguientes puntos:
-El Perú se situó en abril como el país que ofrece las mejores condiciones para los negocios en América Latina.
-Nuestra economía tendrá la inflación más baja en América Latina este año y el siguiente, además registrará el mayor crecimiento en esos años a escala regional.
-Existen indicios de que la economía peruana ha empezado a diversificarse para depender menos de las exportaciones mineras.
La primera referencia proviene del Índice de Clima Económico (ICE) elaborado por la Fundación Getulio Vargas (FGV) de Brasil y el Instituto de Investigación en Economía (Ifo) de la Universidad de Munich (Alemania). El estudio consultó a 149 especialistas de 18 países.
Según esta medición, el país obtuvo 7.2 puntos en abril y desplazó a Colombia del primer lugar (6.7 puntos), seguido de Ecuador (6.7). El panorama se completa con la evolución de Chile (de 4.9 a 6.2 puntos), Bolivia (de 4.3 a cinco puntos) y México (de 4.1 a 4.8 puntos). El indicador permaneció estable en Brasil (6.2 puntos) y en Colombia (6.7 puntos) y subió ligeramente en Uruguay de 6.3 a 6.4 puntos.
Por otro lado, la más reciente encuesta de Latin Focus Consensus Forecast, que recopila proyecciones de analistas económicos locales e internacionales, proyecta que el crecimiento de la economía peruana será el más alto en América Latina en 2012 y 2013 y, además, tendrá la inflación más baja de la región.
Asimismo registrará la inflación de 2.9% en 2012 y 2.6% en 2013, proyecciones que se encuentran dentro del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR) de entre uno y tres por ciento.
Esta tasa inflacionaria constituye una de las más bajas del mundo.
El informe Contribución económica de la minería de oro a gran escala en Perú, elaborado por World Gold Council, sostiene que la economía peruana ha comenzado a diversificarse, reduciendo la dependencia de las exportaciones mineras.
Sigue el crecimiento
0En un panorama positivo signado por el incremento de las inversiones nacionales y extranjeras, la expansión constante de las exportaciones, la recuperación del sector construcción, y el aumento del empleo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que la actividad productiva peruana se incrementó en 5.55% en marzo último y sumó 31 meses consecutivos de crecimiento.
Con este resultado tenemos que el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) fue de 6.02% en el primer trimestre del año, mientras que en el período comprendido entre abril de 2011 y marzo de 2012 (últimos 12 meses) tuvo un avance de 6.31%.
En la víspera, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, había anunciado que se proyectan inversiones por 30 mil millones de dólares en los próximos dos años para proyectos de minería e hidrocarburos, de un total de 50 mil millones dólares que se espera captar en estos dos rubros hasta 2016.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo informó que los puestos de trabajo en las empresas privadas de diez y más trabajadores, en el ámbito urbano, registró un crecimiento de 3.4% en marzo pasado, con relación a similar mes de 2011.
Mientras el INEI daba a conocer el rendimiento del PBI de marzo último, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, anunció que el Perú se convertirá en el primer exportador de frutas y hortalizas del mundo en un corto plazo por la creciente demanda global y el aumento de los envíos.
En ese rubro nuestras ventas han pasado de 101 millones a 1,120 millones de dólares entre los años 2000 y 2011, creciendo 27% como promedio anual.
En ese mismo período se ha logrado pasar de 70 mercados de destino a más de 130, lo que quiere decir que Perú está diversificando y expandiendo su oferta exportable.
Volviendo al reporte del INEI tenemos que, no obstante que la pesca ha sufrido una caída de 15.07%, en cambio otros sectores como minería e hidrocarburos (6.00%), restaurantes y hoteles (10.2)%, comercio (7.02%), entre otros, experimentaron un comportamiento positivo.
Es notable la recuperación de la industria de la construcción, la que según el INEI en marzo ya aparece con un alentador crecimiento de 14.70%. En forma coincidente, la Asociación de Productores de Cemento (Asocem) informó que los despachos de cemento en el mercado peruano sumaron dos millones 893,040 toneladas métricas (TM) entre enero y abril de 2012, es decir, 13.62% más respecto a lo registrado en el mismo período de 2011.
Durante el mencionado período la producción de cemento fue de dos millones 955,495 TM, lo que representó un alza de 13.01% en relación con el mismo período del año anterior.
Como se ve, la coyuntura interna y externa sigue siendo favorable y alentadora para la emergente economía peruana, lo cual compromete a los operadores económicos nacionales a redoblar esfuerzos para alcanzar metas superiores.
A toda máquina
0La vida es el bien más valioso que tenemos los seres humanos, así lo proclama la Constitución Política del Estado en sus artículos primero y segundo.
Sin embargo, en la actualidad, la protección a este derecho continúa siendo débil, o en todo caso ineficaz, sobre todo en los sectores más marginados de nuestra sociedad.
Preocupan las declaraciones del ministro de Salud al revelar que la segunda causa de muerte en nuestro país son los accidentes de tránsito, enfatizando que en los últimos cuatro años se contabiliza 13 mil muertos por esta causa, sin contar los otros miles de heridos y lesionados, muchos de ellos con traumas de por vida.
Esta estadística es una de las mayores de América del Sur, y tiene su principal origen en una trágica combinación: los excesos en el consumo de alcohol y la velocidad, además de la fatiga.
La ebriedad se considera como el estado de intoxicación con el alcohol en un nivel que desmejora las funciones mentales y motrices del cuerpo humano. La historia revela que los antiguos griegos creyeron que podían prevenir la ebriedad colocando un pedazo de amatista en los vasos mientras se bebía. El Corán declara que Dios (Alá) prohíbe a la humanidad el consumo del alcohol, por los efectos dañinos para la vida, el cuerpo y la familia. Los budistas se abstienen del alcohol para evitar dañar a otros.
La elevada velocidad debe ser prevenida con campañas de concienciación eficaces; y el incumplimiento, reprimido con severidad.
El cansancio, sobre todo en los conductores de ómnibus interprovinciales, debe prevenirse, como ocurre en Brasil. Los choferes, o motoristas como les llaman allá, cada cuatro o cinco horas se relevan en el manejo y no duermen en las “bodegas” del ómnibus, sino en los hospicios o alojamientos a lo largo de la carretera, donde descansan, se asean y se alimentan como merece un conductor que lleva consigo una gran responsabilidad.
Nuestro ministro de Transportes, y todos los funcionarios involucrados en el sector del transporte público y privado, debe tomar en cuenta esa experiencia.
Los conductores irresponsables tendrían que recordar lo que el célebre Einstein sostenía: “El hombre que no encuentra sentido a su vida, no a la de sus semejantes, no solamente es un ser desdichado, sino casi indigno de vivir.”
Política laboral
0El cumplimiento del segundo tramo del aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) –propuesto para el 1 de junio– no solo significará una mejora en la calidad de vida de 638 mil trabajadores formales y de sus respectivas familias, sino que también dinamizará la economía por el incremento del poder adquisitivo.
Luego del anuncio que hiciera el 1 de mayo el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, ratificando este segundo aumento, hay que destacar que la propuesta de que dicho tramo se aplique a partir del 1 de junio fue aprobada por unanimidad por los representantes laborales, empresariales y gubernamentales que integran el Consejo Nacional del Trabajo.
Cabe anotar en este punto que en esa mesa tripartita de diálogo y concertación permanentes está presente la Asociación de Pequeños y Medianos Industriales del Perú (Apemipe), lo cual descarta los temores expresados por algunos analistas de que el incremento de la RMV podría tener un efecto negativo en el proceso de formalización de ese sector empresarial y que se incrementaría la informalidad laboral.
Otro indicador positivo que se percibe de este acuerdo unánime es el funcionamiento de la política laboral que impulsa el Gobierno, facilitando en todo momento el diálogo y entendimiento entre los grandes, medianos y pequeños empresarios con los gremios laborales.
En este proceso, que en el futuro promete alcanzar otros logros, tiene papel fundamental el Estado, por intermedio del MTPE como facilitador de acuerdos y garante de que en el país se cumplan estrictamente las leyes laborales, respetando los derechos de los trabajadores, especialmente de los que menos ganan.
Vemos, entonces, que la política laboral del gobierno del presidente Humala se centra en metas esenciales como la generación de empleo digno, mejora progresiva de las remuneraciones, condiciones de trabajo seguras y formalización laboral.
Los gremios laborales tienen que entender, por su parte, que para que avance esta política laboral inclusiva, el Gobierno debe mantener con firmeza la estabilidad macroeconómica y asegurar más inversiones con seguridad jurídica para los capitales nacionales y extranjeros.
Los peruanos no podríamos aspirar a contar con más y mejores puestos de trabajo en todos los campos de la producción sin crecimiento económico y sin una distribución de la riqueza inclusiva y equitativa.
Desde el punto de vista de la productividad, el incremento del RMV también influirá favorablemente en una mejor competitividad de nuestros trabajadores en mercados exigentes.
Tal como lo señaló el Jefe del Estado en su mensaje por el Día del Trabajo, esta es otra promesa que su gobierno viene cumpliendo puntualmente –elevar la RMV de 600 a 750 nuevos soles– a favor de los más pobres del país.
Conga no se va
1El ingenio popular, en las paredes y pintas de la ciudad de Cajamarca que dicen CONGA NO VA, han agregado el pronombre se y se lee, entonces, CONGA NO se VA. Esto no es más que un reflejo de las opiniones divididas sobre un proyecto que despertó contradicciones a nivel de la ciudad de Cajamarca, la región y el país. Puso a Cajamarca en el tapete nacional y en las primeras planas de la prensa nacional.
Hasta ahora es un tema no resuelto. De un lado el gobierno, varios medios de comunicación y muchísima gente está de acuerdo en que Conga debe ir, por la importante inversión, impuestos y empleo que puede generar y por la dinamización social y económica; especialmente después de la revisión, auditoría y recomendaciones subsecuentes del EIA (hecho por los peritos internacionales). Así, si se cumplen estos requisitos de responsabilidad social y ambiental -que implica, claro mayor inversión- parece que Conga va.
Del otro lado, un sector de mucha gente y menos medios de comunicación, a pesar de la auditoría internacional y sus recomendaciones, están porque Conga no vaya. En este grupo está el presidente regional, Gregorio Santos, Marco Arana de GRUFIDES y el presidente de un (¿o son dos?) frente ambiental. Buscan apoyo nacional para esta propuesta y, en la percepción de muchos, han politizado el tema y es el “caballito de batalla” para la creación de sus agrupaciones políticas y su postulación en el 2016 a algún cargo de gobierno importante. No ganarán la presidencia, pero seguro “alguito” sacarán (algún congresista al menos). ¿Y por qué no hacen marchas nacionales contra la minería informal en todo el Perú que es la que más explota a personas y más contamina el ambiente? ¿O por qué no hacen lo mismo a favor de Cerro de Pasco y sus pobladores en esta ciudad que es tal vez la más contaminada y deteriorada del país y en la que sus pobladores efectivamente tienen problemas de salud serios derivados de la explotación minera?
Y, si de una parte, se afirma que Yanacocha está “chantajeando” al gobierno al demorar en su respuesta para decir si les conviene o no Conga y su explotación, del otro, hay la amenaza de un paro regional indefinido a fines de este mes de mayo. La población de la ciudad de Cajamarca, espera, y se defenderá sin duda, que no suceda la “toma” o “sitio” de esta urbe que hubo en noviembre y diciembre del año pasado y que fue un siniestro social, empresarial y económico.
Es verdad también que en veinte años de gran minería de Newmont y Buenaventura éstos (los mineros) no han calado en Cajamarca, no han sabido ser parte de la sociedad cajamarquina, no se han comunicado bien, han tenido y tienen comportamientos de arrogancia. También tienen muchísimo que aprender del tema surgido por Conga.
Definitivamente, lo de Conga, es un tema conflictivo, que genera odios y pasiones, y, lo que es peor, violencia. Creo que, como cualquier otro asunto de conflictividad tan común en nuestro país, esto se da por falta de información y comunicación firme y válida y de falta de presencia (la densidad del estado que le llama el PNUD) del estado o de los gobiernos nacional y subnacionales (regional y locales) en los lugares más pobres del país, en especial en las áreas rurales con necesidades que no pueden esperar más. Y que generan resentimientos, que no son novedad sino ancestrales por los siglos de olvido y abandono.
Y eso es lo que falta: comparecencia real del estado y desarrollo social, económico y ambiental que beneficien a las comunidades. Y una mejor comunicación e información para resolver los temas de conflicto en común acuerdo y tomando en cuenta los intereses de ambas partes, en las que las dos tienen que hacer concesiones (un toma y daca).
Entretanto, tenemos que esperar hasta el mes de junio y ver que transcurre.
Autonomía y poderes
0Los ciudadanos de a pie –como se ha dado en llamar a la gente común y corriente, al hijo de vecino– creemos que la democracia se asienta en una mesa de tres patas iguales, tres poderes dice la Constitución, los cuales son: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
De los dos primeros, no hay que decir mucho, excepto que desde hace algunos años, uno de ellos decidió autodenominarse el Primer Poder del Estado, con lo cual parecía querer establecer su supremacía en contradicción con el principio de la separación de poderes que caracteriza a un Estado de derecho, constitucional y democrático.
Pero esa es materia de un debate más amplio y actualizado en el que deben participar nuestros líderes políticos y los juristas especializados. Lo que aquí nos proponemos es plantear algunas reflexiones sobre lo que ocurre con la tercera pata de la mesa, a la que los otros dos poderes tratan como si no tuviera su misma estatura.
En teoría, el Poder Judicial debiera gozar de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y también económica, pero este requerimiento no se cumple.
En efecto, los ciudadanos vemos que año tras año y década tras década, el presidente del Poder Judicial, acude al Congreso de la República –su igual– a plantear su presupuesto y solicitar que lo aprueben sin recortes –como quien rinde un examen ante un jurado– , cuyos miembros se elevan el sueldo cuando lo estiman conveniente y realizan gastos con plena autonomía.
Así lo confirma una reciente información periodística que nos abre los ojos sobre una nueva partida de 59’723,828 nuevos soles que el Congreso ha aprobado como ampliación de su presupuesto que se elevará este año a más de 467 millones de nuevos soles. La misma nota nos recuerda que con esa ampliación el Poder Legislativo duplica su presupuesto 2007 que llegó a solo 246 millones de nuevos soles.
Pero volvamos a nuestro Poder Judicial, cuyo presidente, luego de su paso por el Legislativo, tendrá que conversar con un organismo subalterno, que es el Ministerio de Economía y Finanzas para convencerlo, si cabe el término, de que la plata que reclama no va a ser empleada en cualquier banalidad o gastos superfluos, sino en cubrir las necesidades verdaderas que reclama el desarrollo de un organismo que necesita estar en 1912 del siglo XXI para administrar justicia con celeridad, modernidad y probidad.
El PJ tendrá que convencer a ese organismo que maneja el dinero, de que sus trabajadores, que hace pocos días salieron a la calle para reclamar una mejora en sus haberes, son los peor pagados de la administración pública, situación que los sucesivos presidentes de este Poder Judicial no se han cansado de exponer ante sus pares del Legislativo y el Ejecutivo.
Si esta situación persiste, nuestra democracia cojeará siempre por uno de sus tres fundamentales pilares, lo cual no es saludable para nuestra sociedad.
