San Miguel .- Carlos Díaz Malaver, auditor de la Oficina Descentralizada de la Contraloría General de la República en Cajamarca, destacó, en declaraciones al diario Panorama Cajamarquino, el singular interés de los partidos políticos de San Miguel que participaron en el conversatorio organizado por este organismo.

La finalidad de este certamen es difundir cuáles son las prohibiciones y sanciones sobre el uso de bienes y recursos públicos para fines electorales, que tienen como actores a los partidos políticos que participan en los comicios municipales y regionales del próximo domingo 3 de octubre.

“Nuestra función es dar a conocer el convenio suscrito entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Contraloría General de la República, para que no se infrinja la norma, y si en caso lo hacen con dolo, intervendríamos de acuerdo a nuestras atribuciones o en caso contrario correríamos traslado al Ministerio Público y Poder Judicial”, manifestó.

También expresó que esperan, para los comicios presidenciales de abril del próximo año, “mejoremos sustancialmente, ahora la sociedad civil está más enterada de las funciones de la Contraloría, hay mayor interés y participación por parte de la sociedad civil”.

Asimismo, exhortó a los candidatos que retiren sus gigantografías y propaganda política de los lugares inadecuados, como son los centros históricos de las ciudades de Cajamarca.

“La labor de la Contraloría no es únicamente frente a la corrupción, función que también la puede cumplir la ciudadanía, quienes si advierten que algunos candidatos están usando o disponiendo de los bienes del Estado o repartiendo bienes adquiridos con dinero de una institución pública o realizando actividades proselitistas en horas de trabajo, de inmediato deben denunciarlos.

“Para intervenir conjuntamente con los organismos pertinentes, la población es nuestro mejor aliado”, subrayó.

Finalmente, invocó a los candidatos que tengan vocación de servicio a fin de que no vean truncados sus proyectos y propuestas electorales, que entiendan que el encargo de la ciudadanía en el cargo público por elección es para servir a su pueblo y no servirse de él.