El problema de la inseguridad en el Perú y particularmente en Cajamarca ha tenido un repunte en los últimos años y se ha convertido en un tema prioritario de la agenda pública, provocando entre otros muchos efectos, la elaboración y aplicación dispersa, descoordinada y difusa en muchos casos, de normas, planes y estrategias por parte de autoridades tanto del gobierno central, autoridades locales, organismos e instituciones públicas y privadas, intentando cada una de ellas dar una respuesta inmediata a la comunidad que clama con justicia mayor Seguridad.

La Policía Nacional del Perú, trabaja por su lado de manera aislada al esfuerzo que realizan las autoridades locales, quienes se han acostumbrado a definir y concretar el trabajo conjunto con la Policía, en base al apoyo logístico que le brindan o en la contratación de Policías para que conformen la tripulación de las camionetas de los diferentes Serenazgos Municipales.

Los últimos treinta años, en los cuales el problema de la inseguridad pública se ha instalado con tenebrosa solidez, han sido testigos de innumerables “programas” antidelictivos llevados a la práctica por las autoridades municipales y policiales, con resultados ciertamente desiguales en lo que se refiere a su eficacia.

Todas pretenden prevenir y reducir la frecuencia o limitar la posibilidad de aparición de actividades criminales haciéndolas imposibles, más difíciles o menos probables, pero ninguna de ellas, a nuestro parecer, responde a un previo estudio de investigación serio, basado en experiencias anteriores, proyectos pilotos, medidores e indicadores de gestión, u otra forma de garantizar su evaluación, sus resultados, su permanencia y su consolidación.

Cabe anotar como, paralelo a lo anterior, que las autoridades locales no se sienten responsables de estos temas, ni asumen sus responsabilidades, a pesar de que las comunidades, cada vez más, les demandan acciones en estas materias.

Sin duda alguna que garantizar una convivencia pacífica y la Seguridad Ciudadana, constituyen los asuntos más sensibles. Su manejo requiere de criterios de oportunidad, sistematicidad, coordinación interinstitucional y mecanismos de seguimiento y evaluación por parte de las citadas autoridades, que conforme a la Ley Nº 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, son las autoridades responsables de liderar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en el Perú con la misión y el propósito de dinamizar el funcionamiento integral de los aproximadamente 1,900 Comités de Seguridad Ciudadana que existen en nuestro país a nivel regional, provincial y distrital.

Dentro de esta propuesta deben los candidatos a las alcaldías distritales y provinciales organizar sus propuestas para combatir esta inseguridad de la ciudadanía que no permite una convivencia pacífica y con una posibilidad de desarrollo para el futuro.