Archivo de 24 abril 2010

Publicado y difundido el contenido de la Resolución Nº 143-2010 JNE, una vez más sorprende los variados criterios que adopta el colegiado respecto a la aplicación de la norma legal que sanciona las conductas prohibidas en la que incurren los Alcaldes y Regidores que promueven actos funcionales que la ley tipifica como causal de vacancia.

El tema de vacancia municipal como una forma de participación ciudadana en el control social directo de una gestión edil, permite que cualquier vecino de la localidad solicite, ante el Concejo municipal, la separación del cargo de la autoridad edil que incurre en una o mas causales; sin embargo en caso de rechazo en esta instancia, la Ley permite se recurra al máximo organismo electoral o de control social formal en temas electorales, para que con mejor criterio evalúe técnicamente los argumentos sostenidos por los impugnantes.

No obstante asumimos que el Jurado Nacional de Elecciones, además, también administra justicia electoral, por lo que sus resoluciones, al igual que la de toda autoridad decisoria, deben ser debidamente motivadas respecto de los hechos que se invocan, recurriendo no sólo criterios formales en la aplicación de la Ley sino a criterios de justicia, que es lo que finalmente se pretende como objeto de la pretensión del solicitante.

La labor del JNE, quien debe administrar justicia electoral a nombre de la nación, no debe limitar sus decisiones en actos formales, que en el marco del orden social del Estado, generarían impunidad en las inconductas funcionales de las autoridades que son sometidas a su control.

En ese contexto, la Resolución Nº 143-2010 JNE, sin mayor motivación respecto a los hechos, considera que no existe causal de vacancia por la concesión del servicio de Seguridad Ciudadana (Serenazgo) a terceros a través de interpósita persona, con un argumento muy simple, esto es, afirmar que no se ha acreditado la existencia de un contrato de concesión con el que el Alcalde haya salido directamente beneficiado; contradiciendo su apreciación contenida en la Resolución N° 236 -2009-JNE, de fecha 18 de marzo del 2009 que incorpora nuevos criterios interpretativos de la legislación electoral, en lo que es materia de las prohibiciones contenidas en el art. 63º de la LOM, resaltando que “la finalidad de esta norma es la protección del patrimonio municipal para que las municipalidades cumplan con sus finalidades constitucionales”, realizando precisiones en torno a su interpretación ya que hasta ese momento (marzo 2009) se había venido siguiendo una línea que dejaba fuera de lado una serie de comportamientos que iban en desmedro del patrimonio de la municipalidad e impedían, por tanto, que estas cumplan su función constitucional.

En esa Resolución el Jurado Nacional de Elecciones, quien actuó como ente supremo que administra justicia electoral en última instancia, fijó los contenidos concretos de esta prohibición general, realizando para ello una interpretación conjunta de las disposiciones que regulan los procesos electorales y las competencias de los órganos emanadas de la voluntad popular, estableciendo que los contratos deben seguir el procedimiento establecido legalmente, debiendo ceñirse a la Ley Orgánica de Municipalidades y otras normas como la de Contrataciones del Estado y legislación conexa (Código Civil), agregando claramente que “La desatención de los deberes que estas normas imponen para obligar válidamente a la municipalidad y, por ende, comprometer su patrimonio conllevará la infracción del referido artículo 63” y permitirá solicitar la declaración de vacancia para el funcionario infractor. Asimismo, llega a concluir que el artículo 63 impone la prohibición de contratar en los casos en que exista un evidente conflicto de interés, a efectos de evitar que el interés público que rige el manejo de los recursos municipales sea defraudado por el interés particular que persigue todo contratante.

Con esta interpretación, el JNE deja de lado el criterio que había sido de frecuente aplicación hasta antes de la Res. N° 229-2007-JNE y que señalaba que la prohibición de contratar contenida en el artículo 63 se limitaba a dos supuestos concurrentes: i) la realización de un contrato en calidad de adquirente de los destinatarios de la norma; ii) que el objeto de tales contratos se refiera a bienes municipales.

La razón principal para abandonar este criterio estribaba en que se había dejado fuera una serie de supuestos en los que se afecta el patrimonio municipal, generando impunidad.

No obstante a ello, con la Resolución Nº 143-2010 JNE se regresa al antiguo criterio del JNE para exigir la existencia de un contrato formal y escrito, con las características que el mismo colegiado rechazó a fin de evitar impunidad cuando los hechos evidenciaban efectos contractuales en perjuicio del patrimonio edil.

En efecto, el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, perfeccionándose con su consentimiento.

En nuestro caso no sólo se exige la existencia formal de dicho contrato, sino que el JNE, dejando de administrar justicia electoral, no motiva su decisión adoptada y aún cuando confirma la existencia del servicio de serenazgo, siempre negado por el Alcalde de Guadalupe, no se pronuncia respecto a la relación jurídica patrimonial creada entre éste y el señor Luis Díaz Colán, personal de confianza y Jefe del Serenazgo, quien no sólo hace uso del patrimonio municipal consistente en camioneta, motos, local de la VIDEMU, uniformes, personal, sino que gira recibos con membrete municipal y su propia firma y post firma, para que la población usuaria pague por el servicio, sin que este dinero ingrese a los caudales municipales. Agréguese que dicha cobranza se da hasta la redacción de este comentario y más aún, con mayor impunidad.

Todo esto es corroborado por el propio Alcalde, quien en sesión de Concejo de fecha once de agosto del año 2009, afirma que el servicio que se presta es de “serenazgo”, que hay gente interesada en que funcione y paga y “siguen pagando” (se sigue cobrando), que las cuentas las lleva uno del mismo servicio, que sí se adquirió dos motos para el serenazgo e incluso personalmente garantizó su adquisición, que el serenazgo es un híbrido (público privado), que los montos recaudados por los informales arbitrios no ingresan a caja y que sirven para pagar al personal.

Siendo así y ante el no pronunciamiento de esos hechos por parte del JNE, el pueblo de Guadalupe continúa con la interrogante… ¿es legal esto?.. si es legal entonces no hay impunidad y la decisión del colegiado permitirá que en adelante cualquier alcalde permita que un personal de su confianza emita recibos y cobre por los servicios de limpieza pública, parques y jardines, sisa, serenazgo o cualquier otro arbitrio en provecho particular y no a favor del patrimonio edil que permita cumplir con su finalidad constitucional.

Respecto al uso indebido del cuestionado Abogado Franco Abanto Rodríguez para su patrocinio particular, lo mínimo que debe hacer el Alcalde es separar a dicho funcionario que no sólo tiene una sentencia condenatoria por delito doloso que pone en riesgo a la administración edil, sino que contraviniendo el D.S. Nº 017-85 JUS, siendo asesor legal de la entidad, patrocina a terceros en una causa de falsificación de documentos donde la municipalidad es agraviada. Dicha norma legal sanciona esa conducta con destitución e inhabilitación.

Finalmente en estas causales, (la del abogado Franco y la doble percepción de sueldo), el JNE nos dio la razón mas decidió que no eran causales de vacancia, contradiciendo un anterior criterio en la que un alcalde de distrito de Lima fue vacado, porque utilizaba a obreros municipales para que laboren en su jardín particular.

Por lo demás, estando ya por finalizar su mandato, creo que un gesto mínimo de respeto a la población guadalupana, es que Edwin Mora Costilla corrija sus errores, principiando con denunciar al señor Colán por usar el nombre de la Municipalidad para efectuar cobros indebidos, destituir al Abogado Abanto y aclarar lo del doble sueldo con pruebas convincentes.

Abog. Alejandro Merino Huaman