Archivo de 1 abril 2010

Dos discusiones de las últimas semanas nos revelan dónde se ubican las prioridades de los diferentes sectores políticos y empresariales, ahora que estamos en periodo electoral.

La primera tiene que ver con la viabilidad del Proyecto Olmos, en el marco de relaciones inéditas entre un gobierno regional, una poderosa empresa privada, el poder político y el MEF. Para los tres primeros, el proyecto Olmos debe salir “sí o sí”, sin que importe mucho si existe o no “capacidad de repago”.

Al MEF le preocupa que la inviabilidad financiera del proyecto impacte sobre las finanzas fiscales y, sobre todo, que no abra las puertas a otros proyectos de “iniciativa privada”. Recordemos que, con la nueva ley para las Asociaciones Público-Privadas (APPs), se ha aprobado que el techo máximo de todos esos proyectos sumados no puede exceder el 2.5% del PBI. Actualmente, según el Marco Macroeconómico, la suma total comprometida solo llega al 0.3% del PBI. Pero podría subir como la espuma y crear forados fiscales.

Lo notable aquí no es el celo del MEF para cuidarse de este y otros Olmos sino la manera en la cual el conjunto de la clase política y empresarial se comporta en el caso de otros proyectos no rentables, como lo fue Camisea. Sí, pues, Camisea no hubiera salido si no se promulga el DL 818 en 1996, que otorga a los grandes proyectos la recuperación anticipada del IGV y el pago de aranceles en 7 años (y ya no en uno solo). Además del alargue de 4 a 8 años del arrastre de pérdidas, la Garantía de la Red Principal (que todos pagamos en nuestra tarifa eléctrica) y el “take or pay” de la compra de gas natural que otorgó Electroperú.

¿Por qué Camisea sí tuvo todos esos incentivos? ¿Cuál es el enfoque conceptual para evaluar proyectos de esa magnitud? ¿Acaso el cálculo del “valor actual” del dinero invertido tiene que ser “el” criterio único de evaluación? ¿Es que las sinergias directas e indirectas de Olmos no significan que el país en su conjunto pueda volcarse hacia una orientación productiva conveniente en el mediano y largo plazo?

Esa es la discusión. Y, claro está, sin dejar que en ella se “infiltren” intereses de una gran empresa privada, la misma que, finalmente, solo tiene un interés crematístico inmediato: recuperar su inversión con la máxima rentabilidad posible.

La otra discusión tiene que ver con las empresas públicas. ¿Por qué en el Perú bajo Fujimori se crearon las “islas de eficiencia” como Indecopi, Sunat, Conasev y las reguladoras Osiptel, Osinerg, Sunass y Ositrán, entre otras? Muy simple: porque son necesarias y funcionales al modelo económico. ¿Por qué a las empresas estatales no se les trató así, dándoles autonomía, blindaje y excelencia profesional? Muy simple: porque las querían privatizar a todas (pero no pudieron).

Por eso, por más de 10 años le negaron a ENAPU la compra de grúas pórtico y le dejaron la carga de las pensiones de los jubilados. Lo mismo sucede con Electroperú y con Petroperú: según la propia empresa, la privatización le generó al país más de US$ 1,300 millones de pérdidas desde 1992 al 2005. ¿Por qué no se habla de esas pérdidas y sí de las de Olmos? Ya sabemos por qué.

Pero eso no sucede en los países vecinos, donde ECOPETROL, Eletrobrás, Petrobrás, Codelco y ENAP son “islas de excelencia” (lo que incluye la elección de autoridades técnicas y honestas, no sujetas al gobernante de turno). Todas las estatales mencionadas permiten a sus gobiernos cumplir objetivos de autoabastecimiento energético y/o capacidad de generación de divisas y tributos.

El denominador común de las “dos discusiones” es la falta de un plan de desarrollo nacional que se plantee objetivos claros de largo plazo, así como una readecuación de los roles que pueden cumplir el Estado y el mercado. ¿Por qué? Porque hace veinte años que nada ha cambiado para que todo siga igual. ¿No es cierto?

Humberto Campodónico