El Gobierno Regional Cajamarca (GRC) no puede mediar solución entre los conflictos suscitados entre la empresa contratista a cargo de la obra de construcción del nuevo hospital y los trabajadores.

Este ente de gobierno “no tiene competencia para intervenir en una entidad privada. No es competencia del GRC determinar cual es la solución a los conflictos internos en una empresa”, señaló Hítalo Salazar Castillo, director de comunicaciones del GRC.

“El gerente general (Carlos Esteves) ha dialogado con los dirigentes de construcción civil, ha dialogado con los ejecutivos de la contratista, hay puntos en los cuales puede el GRC pedir o solicitar atención como la instalación de un comedor, de mejores instalaciones para servicios higiénicos”, señaló.

“No es competencia del GRC exigir que la empresa cubra gastos de viáticos, de uniformes, y demás demandas por parte de los obreros. Hay instancias que ven ese tema, y que se encargarán de supervisar el cumplimiento de la normatividad”, acotó.

“Si los obreros sienten vulnerados sus derechos, eso es competencia de la Dirección de Trabajo, de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo”, delimitó.

“La obra, que está paraliza hasta este momento, cuenta con un avance del 10%. Hay un avance significativo respecto del cronograma establecido. Se ha notado efectividad de la empresa, se ha capacitado a los trabajadores, el 65% de obreros son gente cajamarquina. Hasta el momento la empresa ha cumplido con todas las exigencias”, acotó.

TRABAJADORES DESPEDIDOS SON AMENAZADOS DE MUERTE.

Una nueva denuncia se suma a la empresa chilena Salfacorp encargada de la construcción del nuevo hospital regional, ahora cerca de 30 trabajadores despedidos, por reclamar beneficios laborales, afirman que están siendo amenazados de muerte por delincuentes que están siendo contratando por esta empresa.

Teófilo Quispe, Secretario del Comité de Obras, explicó que los delincuentes provienen de la ciudad de Lima y Chiclayo, no sólo nos amenazan de muerte sino que fungen de guardaespaldas de los ingenieros como Carlos Echevarría, el mismo que intimidó y agredió a cuatro periodistas.

Asimismo, que están presionando con armas a los obreros que continúan laborando en la construcción del hospital para no denunciar ninguna irregularidad. Ante tales sucesos que vienen ocurriendo en la construcción del nuevo hospital, el dirigente solicitó la intervención del Ministerio Público.

Los 30 trabajadores despedidos llegaron hasta la comisaría para denunciar las irregularidades como su despido arbitrario. “Deben hacerse respetar nuestro derechos, porque reclamamos por beneficios laborales y salir en una fotografía protestando ahora nos botan”, indicó Quipe.

El dirigente, sostuvo que esta medida es una represalia del ingeniero residente de la obra Carlos Echevarría que quiere tapar todas las irregularidades cometidas hasta el momento en la obras. Como el caso del carpintero Laureano Sayan Acuña, quién se fracturó el tobillo cuando laboraba y ahora está abandonado sin ninguna liquidación o beneficio por invalides temporal.