Archivo de 14 septiembre 2009

La última oportunidad. Hasta el 21 de septiembre tiene plazo la comisión especial para la entrega del terreno de la obra vial a nivel de asfaltado desvío Yanacocha – Hualgayoc.

Esta comisión está integrada por 3 funcionarios del Gobierno Regional, los consejeros regionales de Cajamarca, San Pablo y San Miguel, además los presidentes de cada comunidad, informó el asesor de presidencia Emilio Cacho Galloso.

Esta comisión por labor dialogar a los propietarios o posesionarios de los terrenos que serán afectados por el ensanchamiento de la referida carretera, así como a los propietarios de las canteras sobre la real situación del reconocimiento del pago por terrenos, agregó.

Se buscará entendimiento con cada uno de los pobladores y de no llegar a un acuerdo se procederá de acuerdo a la ley, enfatizó

El ingeniero José Urteaga y el abogado César Vásquez del Gobierno Regional han visitado la zona y han constatado que el problema para la ejecución de la obra se debe a las excesivas expectativas de algunos pobladores que consideran que el pago por metro cuadrado de terreno afectado por la carretera vale 100 dólares americanos, indicó Cacho.

Los dueños de canteras exigen el pago de 3 Nuevos Soles por cada metro cúbico de material extraído, lo cual tampoco se ajusta a la norma. Toda cantera es nacional y la extracción es nacional y no tiene reconocimiento el precio de material extraído. El material extraído adquiere valor cuando es chancado, limpiado, seleccionado y puesto en obra, indicó el asesor.

Lo que indican los documentos

De acuerdo al informe elaborado por el ingeniero Lucio Anamaría Ruiz, de PROVÍAS Nacional, presentado a Amaru López Benavides, gerente de la Unidad de Estudios, sobre la situación de terrenos en la carretera Yanacocha – Hualgayoc, se puede afirmar que:

El precio de los terrenos afectados por el trabajo de ensanchamiento de la obra oscila entre 1.40 dólares hasta 6 dólares.

Se cuenta con 18 kilómetros liberados con su respectiva acta de compromiso, donde los afectados voluntariamente se han comprometido a permitir los trabajos.

Los integrantes de la cooperativa Atahualpa Jerusalén también ha expresado su disposición a ceder 3,65 kilómetros de terreno.

Entre los kilómetros 37+540 – 41+012 – 82+177-86+986 los propietarios exigen el pago de cien dólares americanos por metro cuadrado.

El 42,50% del terreno cuenta con acta de compromiso suscrito por los afectados.

20% de los afectados no han dado su aceptación definitiva a los valores preliminares de valuación efectuados por el Ministerio de Vivienda y Construcción.

El 37,50% no está de acuerdo con las valuaciones, solicitando el pago de 100 dólares americanos por metro cuadrado, monto que no es posible justificarlo técnicamente.

DATO

De no tener resultado las gestiones de la comisión quedaría sólo el camino de las expropiaciones, con las consecuencias que estos implica, este proceso por las experiencias anteriores requiere como mínimo 2 años de gestión, partieron por la emisión de la Ley Autoritaria de expropiación formulada por el Congreso de la República. Y los procesos de saneamiento previos a la expropiación.

¿Cómo califica el nivel académico en la formación de abogados?

Paupérrimo.

¿De cuántas facultades a nivel nacional hablamos?

No hablemos de facultades, eso es mucho. Hablamos ahora de centros de formación. Ahora se habla de estudios de Derecho en filiales, en sucursales, por internet, por correspondencia, en la modalidad semi-presencial. Es increíble al nivel que se ha llegado. En muchos casos ni siquiera se habla de decanos a cargo, sino de coordinadores, de responsables de área o de departamento. No hay seriedad.

¿No cuentan con lo mínimo?

Ni bibliotecas, ni ambientes especializados, ni material bibliográfico, pues todo se maneja en torno a lo lucrativo simplemente.

¿Se ha tocado estos temas a nivel de decanos?

Así es. Se ha desarrollado la Junta de Decanos y se han planteado varios caminos para revertir esta situación.

¿Cuáles son los logros de la Junta de Decanos?

La modificación de los estatutos de la Junta de Decanos y la creación del Colegio de Abogados del Perú. Como Junta hasta ahora hemos tenido una organización de coordinación. Al ser Junta no hay estabilidad de los miembros, en cada reunión siempre hay un decano nuevo, con la creación de este Colegio se toma fuerza institucional.

¿Repetir la experiencia de la Federación de Abogados?

Como se sabe, esa Federación fue disuelta por Fujimori en el golpe de 1992, pues representaba un ente de control del poder político.

¿Qué permitirá este Colegio de Abogados del Perú?

Al ser un colegio de colegios que albergará a todos los abogados del país permita iniciar un trabajo por la mejora de la abogacía en todos sus aspectos, tanto en los académico, profesional, ejercicio ético de la profesión y la mejora de la administración de justicia en el país. Un colegio nacional no será una instancia supranacional sino un ente sea compatible con los 29 colegios departamentales.

¿Cómo sería la incorporación a este colegio para un abogado?

Se está promoviendo la incorporación previa evaluación de los abogados, de modo que pertenecer al Colegio de Abogados del Perú sea una acreditación ante la sociedad, me incorporo pues he logrado aprobar una evaluación de una entidad nacional.

¿Lo que no sucede en estos momentos?

Así es. Ahora los colegios colegiamos a los integrantes de la orden con la sola presentación de documentos y el pago de una inscripción. Sin mayor rigor o exigencia estamos avalando la mala formación de algunas universidades, de algunas facultades de Derechos. Como colegio profesional estamos presentando ante la sociedad a un mal profesional, a un profesional que no reúne las condiciones académicas.

¿Qué se busca con esta evaluación?

Un colegio nacional debe evaluar, calificar y acreditar a un profesional del Derecho ante la sociedad. Su principal función es certificar al profesional abogado. Establecer estándares mínimos a nivel nacional para que se hable de una persona que es abogado en el sentido sustancial de la persona, no sólo porque tiene un título, eso finalmente en la práctica no acredita nada.

¿Qué más propone?

Contribuir a la mejor formación académico profesional de los abogados a través de un currículo de estudios modelo a nivel nacional. Las universidades como entes autónomos tienen la potestad de tomar en cuenta o no esta propuesta de currículo, pero tendrán en cuenta que se trata de los abogados del Perú que están proponiendo como formar a los abogados del futuro.

¿Qué otras propuestas se han establecido?

Establecer un Registro Nacional de Abogados Docentes y Especialistas, con la acreditación de los grados académicos que ostentan. Con ello se pondrá freno a la forma irresponsable con la que se enseña en las facultades. No es extraño que un abogado enseñe derecho civil, derecho penal, derecho constitucional al mismo tiempo, sin tener experiencia.

¿Para que un abogado sea docente que condiciones debe reunir?

Ser especialista en todo el sentido de la palabra. Experiencia en el ejercicio del Derecho en una determinada especialidad. Haber patrocinado a muchos justiciables en casos de una especialidad determinada. Las especialidades en derecho son muy delicadas, muy complejas. No es justo que en las universidades un abogado enseñe materias de las cuales sólo conoce la norma. Con ese nivel de conocimientos sólo nos está enseñando a leer la norma.

¿No basta con leer el código civil o penal?

Leyendo el código civil o penal, sólo estamos leyendo un texto como cualquier otro. El código es una referencia. La especialización viene del estudio constante y consciente del estudio de estas áreas. El sentido de enseñar es transmitir conocimientos, formación. Si un abogado se precia de ser especialista en derecho penal, debe acreditar estudios de post grado, haber investigado sobre derecho penal, acreditar amplios conocimientos en criminalística, criminología, antropología, sociología jurídica penal, etiología del delito, no es un dominio del código penal.

¿Se lanzó la propuesta de recolectar firmas y evitar la formación de más facultades de Derecho?

Se logró recolectar más de cien mil firmas a nivel nacional, y el proyecto ha sido presentado ante el Congreso de la República, pero ahí está durmiendo el sueño de los justos. Esta iniciativa legislativa establecía suprimir el bachillerato, la enseñanza del Derecho a distancia, los cursos titulación mientras no se establezca un sistema de acreditación académica universitaria en la formación académica del abogado. Esta iniciativa es entorpecida por la presión de algunas universidades que ven peligrar sus intereses.

La región Cajamarca fue el centro de una intensa actividad de formalización de predios informales. COFOPRI, entregó títulos de propiedad urbanos y rurales en las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz.

La mayor parte de los títulos pertenecen al ámbito rural  (6,650), mientras que en el ámbito urbano (825), lo que suma un total de 7,475 títulos.

Las ceremonias de entrega se títulos y certificados se iniciaron en Hualgayoc, donde se distribuyeron títulos a las familias de Hualgayoc, Andabamba, Catache, Chancaybaños, La Esperanza, Ninabamba, Pulan, Santa Cruz, Uticyacu y Saucebamba.

En Bambamarca, se entregará  los títulos de la jurisdicción de Bambamarca y Chugur.

En Chota, los documentos de formalización beneficiaron a los distritos de Chota, Cochabamba, Conchán, Huambos, Lajas, Llama, Miracosta, Paccha, Anguía, Chalamarca, Chiguirip, Tacabamba y Cutervo.

También recibieron sus títulos de propiedad, las poblaciones de Querocotillo, San Andrés de Cutervo, Socota y Querocoto.

Desde agosto 2006 a la fecha, en Cajamarca, se han entregado 63,751 títulos de propiedad, beneficiando a más de 197 mil 562 personas.

El director ejecutivo de COFOPRI, Omar Quesada Martínez, informó que a nivel nacional la cifra llega a 596 mil 146 títulos de propiedad en beneficio de más de 2 millones 500 mil personas.

“El impulso formalizador de la propiedad informal que lleva adelante este Gobierno, está generando que los títulos de propiedad se conviertan en el motor eficaz para el desarrollo económico de los más pobres del país”, anotó.

En la víspera, en operativo conjunto, la Primera Fiscalía de Prevención del Delito, Policía Nacional, funcionarios de la Subgerencia de Comercialización y Licencias, y Serenazgo intervinieron seis locales nocturnos donde se capturó a personas requisitoriadas e indocumentadas.

En el Centro Turístico Alondra, ubicado en Avenida Independencia C-12, se intervino a 2 mujeres requisitoriadas, por robo siendo conducidas a la primera comisaría PNP.

Se intervino el Night Club Amazonas, ubicado en Vía de Evitamiento Norte No. 272, donde se encontró a 6 mujeres indocumentadas, quienes fueron conducidas a la Segunda Comisaría.

En el operativo al Night Club PK2, los dueños del referido centro cerraron las puertas y fue imposible que ingresen las autoridades.

En el Club El Faraón, ubicado en el Vía de Evitamiento No. 326, de propiedad de María Vielao Suarez, se encontró a 5 mujeres indocumentadas, siendo trasladadas a la Primera Comisaría PNP.

En una cantina clandestina, ubicada en la Avenida La Paz No. 699, se encontró como encargada a Consuelo Zamora Díaz, interviniendo a 6 sujetos los cuales se encontraban indocumentados, siendo trasladados a la Primera Comisaría PNP.

En el Bar Vía Sur, ubicado en Jirón Alfonso Ugarte No. 2096, se encontró a 2 mujeres indocumentadas, siendo conducidas a la primera comisaría PNP.

Todos estos locales fueron clausurados por no contar con Autorización Municipal de Funcionamiento.