FENAMARPE pidió en el Congreso una ley que regule la minería artesanal, y propuso modificar el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.

Teódulo Medina, presidente de FENAMARPE denunció a que los concesionarios mineros se niegan a celebrar los contratos de explotación minera con los trabajadores artesanales “para especular con los precios de los minerales”. Sin embargo, a los trabajadores artesanales -explicó- les exigen pagar regalías por refinar el mineral pese a que la ley establece que éstas se realicen sobre un contrato de explotación.

Además, el grupo de trabajo solicitó que las autorizaciones para sus labores mineras dentro de la jurisdicción de Lima no sean otorgadas por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, sino por el Gobierno Regional de Lima Provincias.

El requerimiento se basa en que la instancia regional posee una Dirección Regional de Energía y Minas que tiene “la competencia para dar curso a las solicitudes y las autorizaciones en unidades de producción ubicadas en su territorio”.

En el petitorio –que consigna el conjunto de los requerimientos- se precisa que las autorizaciones emitidas en otras partes del país para concretar las labores propias de la minería artesanal se tramitan a través de las direcciones regionales de Energías y Minas, que dependen de sus correspondientes gobiernos regionales.

Otro de las exigencias apunta a que la adquisición de los explosivos sea también autorizada para los mineros artesanales reunidos previamente en la Superintendencia Nacional (SUNARP), organismo que regula, entre otras cosas, los requisitos para la clasificación de la pequeña producción minera.

La reunión de trabajo, cuya organización estuvo a cargo de la FENAMARPE, se realizó en el Congreso de la República, con el auspicio de los legisladores Susana Vilca y Juvenal Ordóñez.

Así mismo, participaron representantes de las entidades estatales vinculadas a esa actividad como Gladis Gómez, de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC); Henry Luna, director de Promoción Minera del Ministerio de Energía y Minas; y Rocío Espinoza, del Ministerio de Salud (MINSA), entre otros.

Dichos funcionarios estuvieron de acuerdo en que las demandas de los mineros “son atendibles”; no obstante, resaltaron que en algunas de las solicitudes deben perfilarse un poco más en las respectivas dependencias gubernamentales.

“Pueden colisionar con aspectos fundamentales de la normatividad minera. En el caso, por ejemplo, de pedir tres años para que se revierta el derecho minero. No solamente cambia un artículo de la ley, sino cambia postulados fundamentales de la Ley Minera”, acotó Gladis Gómez. (Con información de CMR)