Resulta increíble que después de los sucesos de Bagua, Mercedes Cabanillas haya vuelto a equivocarse tan pronto en sus cálculos políticos y mediáticos. Y ojalá que de esta insistencia en el error, aunque en otro tema y en otro escenario, tampoco vuelva a culpar a los medios de comunicación.

Lo primero que la legisladora pensó es que desempolvando un proyecto de ley de rectificación, dormido en el Congreso, iba a poner contra la pared a la prensa escrita, audiovisual y digital y ella convertirse en algo así como la procuradora de la voz de quienes no tienen voz.

Lo que todos saben es que el derecho de rectificación ya existe y funciona y que las responsabilidades civiles y penales en las que incurre y podría incurrir la prensa se rigen por las leyes ordinarias y los tribunales.

No hay, pues, ningún salto que dar en un suelo absolutamente parejo, a menos que alguien quiera bailar en él la danza de las tijeras, en clara alusión a la censura y a la mordaza.

Lo que posiblemente la ex ministra del Interior no pensó es que suscribiendo esta prueba de fuego contra la libertad de prensa ponía en el disparadero a su partido, al Congreso y finalmente al presidente Alan García, que ayer se vio obligado a deslindar con el proyecto de ley y sus viejas y nuevas motivaciones.

Si bien el primer ministro Javier Velásquez había salido ya a poner un frenazo declarativo a la iniciativa represora, por la noche el mandatario dejó prácticamente sin piso al empeñoso trabajo desplegado por Cabanillas para impulsarla. No se trata, pues, de un deslinde cualquiera. Se volvió necesario desde el momento en que el proyecto de ley tenía un origen partidario, el del Apra, y desde la circunstancia de que no hay nada, de tal origen, que no toque, directa o indirectamente, a García. Y como estaba de por medio el mantenimiento de una irrestricta libertad de expresión en el país, nada más urgente para el mandatario que evitar colocarse gratuitamente en el blanco de un disparate interno de grueso calibre.

Para no olvidarlo: aunque ya venía muerto de nacimiento, el proyecto de ley removido por Cabanillas no traía consigo motivaciones precisamente altruistas.

Por: Juan Paredes Castro