Aun luego de los anuncios de enmienda por parte de ciertos voceros oficialistas en el Parlamento, no podemos dejar de criticar la sombría intencionalidad de quienes desempolvaron un malhadado proyecto que pretende amedrentar y amenazar a la prensa independiente y a los medios de comunicación social.

En puridad se trata del mismo proyecto que presentó en la legislatura anterior el congresista aprista José Vargas, por lo que llamó tremendamente la atención que, entre tantos importantes proyectos que esperan debate, se haya jerarquizado y dado prioridad a uno tan polémico y confrontacional. Ello ciertamente llama a suspicacia, pues el Perú tiene una historia dolorosa y compleja en lo relativo a la libertad de expresión.

El cuestionado anteproyecto recorta el plazo para solicitar la rectificación (de 15 a 7 días) y para publicarla (de 10 a 3 días), además de incluir al medio de comunicación como responsable “solidario” para atender eventuales reparaciones e indemnizaciones.

Hoy el plazo es relativamente amplio porque, dada la solicitud de rectificación, tanto el periodista como el medio necesitan tiempo para verificar y hacer una mínima investigación. Partimos, además, de la premisa de que el periodista profesional se ciñe a los principios de la ética, la honestidad, el rigor y el respeto al público, y no hay voluntad de agraviar ni ofender. Y si yerra se debe principalmente a la inmediatez que exige la profesión.

Lo que no se debe hacer, como al parecer se pretende, es abrir las puertas a una figura que no está contemplada en la legislación, cual es el derecho de réplica, referido al pedido de publicar una opinión divergente a la ya difundida.

Preocupa también que el anteproyecto cuestionado mencione principios y urgencias rectificatorias que no parecen razonados ni razonables. Efectivamente, la Carta Magna considera la proporcionalidad en la rectificación, pero la entiende no como la necesidad de reproducir exactamente en el mismo espacio, sino como darle un espacio equivalente y contextualizado.

En cuanto a la reparación civil, la doctrina de libertad de expresión que alentamos, junto con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), precisa que debe despenalizarse el procesamiento de todas aquellas faltas cometidas a través de los medios de comunicación.

Además, según nuestra legislación no existe sanción penal por la rectificación. Solo cuando se produce una querella, eventualmente podría dictarse pena de prisión hasta de cuatro años más el pago de la indemnización por daños que se pueda causar al querellante, de manera solidaria.