Los conflictos sociales son hoy en día una triste imagen del Perú contemporáneo, las comunidades y los pueblos se reúnen para protestar por lo que consideran es injusto. Las empresas privadas avalan su ingreso a tierras peruanas con justificaciones apoyadas por una legislación que cada vez provee más de herramientas legales a los inversionistas que al mismo pueblo, entonces surge como una reacción casi inmediata el conflicto, el grito y con ello el horror y la tragedia. Y no solo en el Perú sino en el mundo entero.

Suelen decir los historiadores que el siglo XX fue un siglo de una gran crueldad. Las guerras mundiales y la limpieza étnica son ejemplos al parecer inapelables de cómo la especie humana descendió a los niveles más bajos del horror.

Sin embargo en estos nueve años del siglo XXI no ha habido un solo día de tregua. Hay, alrededor del mundo, treinta conflictos armados de distinta intensidad pero de una misma aterradora coincidencia: la mayoría de los muertos los pone la población civil indefensa.

Y no es que la civilización se haya quedado corta en declaraciones, pactos, convenciones, sistemas supranacionales, etc. sino que aún no logramos implementar formas de organización que no vean en las diferencias una inevitable confrontación, que se logre traducir las normas en acciones prácticas y que se acorte la distancia entre la ética y la política, entre lo privado y lo público.

En el Perú también la velocidad en el papel es mucho mayor que en el terreno. Tenemos un Acuerdo Nacional con cuatro políticas explícitas sobre la construcción de la paz, un Plan Nacional de Derechos Humanos, un extraordinario Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y, sin embargo, no cuaja aún el ideal democrático hecho de diálogo, respeto mutuo y construcción de consensos.

A ese ideal y en medio de una transición incompleta, la Defensoría del Pueblo quiere contribuir desde la defensa de los derechos y la supervisión de la administración del Estado. Una buena manera de ejercer esa defensa es entendiendo los conflictos sociales en el Perú e interviniendo constructivamente en ellos.

Cajamarca debido a la gran cantidad de denuncios, básicamente mineros, se ha convertido en una de las tierras más proclives al conflicto social, el que estalla de manera inmediata ante la negativa de las empresas de dialogar y ante el desamparo que sienten los pobladores de organismos gubernamentales como las gobernaciones que solo avalan la actitud del gobierno y que se encapsulan en demagogia inversionista.

Desde el Quilish, cuando Cajamarca entera se unió para defender el derecho a la vida, cientos de conflictos han surgido por todas partes de la región, mientras que el gobierno ha cambiado de estrategias para evitarlos y acentuó la represión, surgió la Defensoría del Pueblo como un rayo de luz en la oscuridad.