Archivo de 6 junio 2009

Al menos 34 personas, once de ellas policías, han muerto y más de cien resultaron heridos cuando agentes desalojaron por la fuerza a indígenas que bloqueaban una carretera de la Amazonía.

Según la versión de la AIDESEP, principal organización indígena y cabeza de las protestas que duran ya dos meses, eran 5 mil los nativos que bloqueaban la llamada “Curva del Diablo”, en un lugar llamado Reposo (provincia de Bagua) cuando la policía cargó a las cinco de la madrugada contra ellos.

Desde helicópteros y desde tierra, utilizando fuego real y gases lacrimógenos, la operación de desalojo duró prácticamente toda la mañana, según señalaron varias fuentes.

Posteriormente, los desórdenes se extendieron por la ciudad de Bagua, donde los manifestantes prendieron fuego a varias oficinas públicas y del partido Aprista (gobernante), y las movilizaciones continuaron esta tarde, en medio de disparos al aire y bombas lacrimógenas, según fuentes del hospital de la ciudad.

La policía acusó a los indígenas de haber utilizado armas de fuego para evitar su desalojo, y según el director de la institución, José Sánchez Farfán, hay nueve policías muertos y 45 heridos.

El general Sánchez Farfán explicó al canal N de la televisión que los enfrentamientos se produjeron después de que sus agentes tomaron el cerro que domina la “curva del Diablo”, y alrededor de mil nativos aparecieron y abrieron fuego.

Sin embargo, la AIDESEP negó que sus huestes tengan armas de fuego y aseguraron que los agentes fallecieron por fuego cruzado entre los mismos policías que los acorralaban.

El Colegio Médico de Chachapoyas, en la región donde se presentaron los hechos, informó a la emisora que el número de nativos muertos subió a 25.

El presidente de la Junta de Fiscales superiores de la región Amazonas, Oswaldo Bautista, dijo que la Fiscalía aún no ha establecido una cifra definitiva de muertos, porque están procediendo todavía al levantamiento de cadáveres en tres puntos distintos: Bagua Grande, Bagua Chica y la misma carretera.

La enfermera Teresa Romero, del hospital de Bagua Chica, declaró que tienen 40 heridos “todos de bala, han sido balas al cuerpo, a la cabeza, al abdomen, porque ellos (los policías) han querido matar a los hermanos”, al tiempo que pidió ayuda, porque el hospital se encuentra “en un caos total, sin camas, con los heridos por el suelo”.

Además, los bloqueos de carreteras y las tomas de ductos obligaron a suspender o restringir el bombeo de gas y petróleo, cuyos principales yacimientos están precisamente en las zonas en conflicto.

Por otro lado, el canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, invitó a reanudar el diálogo a los nativos amazónicos, pero advirtió que el Gobierno no derogará los polémicos decretos que dieron origen a las manifestaciones.

El ministro se comunicó con EFE para lanzar el siguiente mensaje: “Sentémonos a dialogar, hay una mesa establecida con amplísima representación indígena, queremos dialogar, pero no aceptamos una huelga en la que se atenta contra la Policía”, dijo.

Además, el viceministro de Justicia, Erasmo Reyna, anunció que se denunciará a todos los responsables por las muertes y la destrucción en Bagua, porque “estos no son actos de protesta, sino de destrucción, porque hubo muertos, entre ellos policías y civiles inocentes”.

Los nativos protestan desde el 9 de abril contra una decena de decretos legislativos, porque consideran que atentan contra su derecho a ser consultados sobre sus tierras, contenido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, así como la declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, ambos suscritos por Perú.

En opinión de los indígenas, se trata de decretos legislativos que vulneran sus derechos, entre ellos el 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y cuyo debate en el Congreso se ha postergado en varias ocasiones, lo que ha exasperado a los nativos.

El presidente Alan García dijo que tras las protestas hay intereses ocultos para impedir el desarrollo del país: “Eso solo le interesa a potencias petroleras que quieren mantener a otros países como compradores de petróleo y no quieren que desarrollen sus riquezas”.
Y acusó al líder indígena Alberto Pizango de “haber caído en un nivel delicuencial”. (EFE)
IMPORTANTE
En total se informó que son 639 los efectivos que participan en el operativo.
Asimismo un conocido periodista de Bagua Chica, aseguró que dos periodistas habrían muerto cumpliendo con su deber  de informar en tanto que otros cuatro habrían sido detenidos por la policía.
Los enfrentamientos se registran a la altura del kilómetro 201 de la vía, en la zona denominada la Curva del Diablo, ubicada en Bagua Grande, donde más de 2.000 nativos mantienen bloqueada la vía desde hace diez días, lo que ha generado desabastecimiento en varias localidades del nororiente peruano.
Los nativos amazónicos bloquearon la vía como medida de protesta por la  huelga que realizan desde hace más de 50 días para exigir que se deroguen una serie de decretos legislativos que consideran los perjudican, entre ellos el DL 1090, cuya derogatoria programada para debatirse ayer en el pleno del Congreso, fue nuevamente postergada. (Con información de La República).
Un total de 38 policías han sido secuestrados y quitado su armamento.

Los responsables de actos vandálicos ocurridos en la Selva y los instigadores de la protesta violenta deben ser sancionados para mantener el orden en el país, manifestó hoy la presidenta del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano.
Respaldó, por ello, que el Gobierno dispusiera medidas para restablecer el orden por considerar que el país no puede vivir paralizado ni que se aísle a poblaciones por la protesta de un sector de comunidades nativas.
“Me parece que de los actos vandálicos que se han cometido habrá responsables penales, los cuales tendrán que ser denunciados y sancionados, incluyendo los dirigentes que pudieran haber participado e instigado a actos de violencia”, expresó en RPP Noticias.
La ex candidata presidencial sostuvo que debe caer todo el peso de la ley en el sentido más firme, porque “no se puede tolerar la violencia en nuestro país de ninguna forma”.
Sin embargo, Flores Nano señaló que el Gobierno también debe hacer un mea culpa y asumir una responsabilidad política por una presunta demora para restablecer el orden.
“Critico la forma en general en que el Gobierno ha tratado este tema; pero sí respaldo la decisión de poner orden en el país, porque no puede permitirse que campee el desorden y el caos”, puntualizó.
La oposición acusa

El burgomaestre provincial, Marco La Torre Sánchez, inauguró ayer, la avenida La Cantuta. Obra de infraestructura vial que une la avenida Atahualpa y carretera a Baños del Inca, a la altura del kilómetro tres.
Esta obra fue ejecutada por administración directa, con una inversión de dos millones setecientos veinticinco mil Nuevos Soles, logrando el ahorro del catorce por ciento del presupuesto destinado.
La Torre estuvo acompañado en este acto protocolar por regidores, funcionarios ediles, autoridades policiales, representantes de las juntas vecinales e invitados del sector privado local.
Además de la colocación de adoquines de cemento para veredas y calzadas, se ha instalado redes de agua y desagüe, postes para la iluminación pública, colocación de rampas, basureros, bancas, construcción de cunetas y, el respectivo sembrado de césped en las jardineras.
Esta avenida mostrará en la berma central plantas de Cantuta, “la flor nacional peruana”. Una manera de dar identidad a este espacio que servirá a la población para actividades de recreación, refirió La Torre Sánchez. El burgomaestre también realizó el sembrado de una de estas plantas que adornarán todo este amplio espacio.
En avenida La Cantuta se brinda la oportunidad a propios y visitantes de poder caminar sin el riesgo del tráfico, con una maravillosa vista y cerca de áreas verdes, esa es la concepción de esta primera obra que es parte de todo el complejo Qhapac Ñan, enfatizó La Torre durante su alocución.

Un llamado a la serenidad y al cese de enfrentamientos formuló hoy la Conferencia Episcopal Peruana y la Defensoría del Pueblo, para evitar un mayor número de pérdidas humanas en los actos de protesta de las comunidades amazónicas en la región selvática.
Mediante comunicado, ambas instituciones lamentan “profundamente el desenlace violento” que ocurre en las ciudades de Bagua Chica y Bagua Grande, departamento de Amazonas, que ocasionó la muerte de civiles y policías, y un saldo de varios heridos.
El documento agrega que la vida es un valor supremo que en cualquier circunstancia debe ser protegida y privilegiada, tanto la de nuestras comunidades nativas históricamente desatendidas como la de quienes, en cumplimiento de su deber constitucional, procuran el restablecimiento del orden.
“Hacemos un clamoroso llamado a la serenidad y demandamos que, de manera inmediata, cesen enfrentamientos entre compatriotas. Es urgente que se atienda sin distinción a las personas heridas y a las que se encuentren en riesgo”, remarcan en el texto.
La Conferencia Episcopal y la Defensoría también piden que se proceda en el más breve plazo a restablecer el canal de diálogo, que nunca debió ser interrumpido, y que debe utilizarse como la única vía para resolver pacíficamente los conflictos.
Por ello, invocaron a todas las autoridades y dirigentes a optar por el diálogo y la paz, y expresaron su disposición de colaborar en lo que sean requeridos, a fin de devolver la tranquilidad a las poblaciones afectadas y a todo Perú.
El comunicado es suscrito por la titular de la Defensoría del Pueblo, Beatriz Merino; y el presidente de la Comisión Episcopal Peruana, monseñor Miguel Cabrejos Vidarte.