Archivo de 7 diciembre 2008

En la región del Bajo Ariari, en el centro de Colombia, estaban acostumbrados a la violencia de paramilitares y guerrilleros, pero no a ésta. Hace dos años, empezaron a desaparecer campesinos y marginados sin motivo alguno. Sus cuerpos fueron encontrados después, a decenas de kilómetros, y el Ejército los contabilizó como insurgentes muertos en combate. En total han sido supuestamente 55 víctimas, aunque las ONG elevan hasta 2.100 los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, cometidas desde 2002 presuntamente por militares, en complicidad con narcotraficantes, paramilitares y delincuentes comunes. Oficialmente, la justicia investiga más de mil desapariciones.

Más de 3.000 funcionarios del Ejército están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación en relación con los cientos de casos que han sido denunciados. El Gobierno ha destituido a 40 militares hasta ahora. Dos centenares de ONG afirman que los crímenes han aumentado y su impunidad.

Este escándalo, que estalló a finales de septiembre, es producto de las grietas de la política de Seguridad Democrática, la principal arma del presidente Álvaro Uribe desde su llegada al poder en 2002. “Su objetivo es la recuperación y el control del territorio y la presencia del Estado donde no estaba”, explica Sergio Jaramillo Caro, viceministro de Defensa. Es decir, reducir la violencia y el número de secuestros, y devolver la tranquilidad a un país en guerra permanente.

La paz ha vuelto a muchas zonas del país. El aumento de la seguridad ha atraído a más inversores y mantiene la popularidad de Uribe en máximos sin precedentes en América Latina. Pero esta estrategia, basada entre otras cosas en un sistema agresivo de incentivos, también ha derivado en una guerra sucia. En primer lugar, el Gobierno recompensa a los civiles que informan sobre guerrilleros, lo que generado presuntamente una red de delincuencia que saca beneficio de entregar a las autoridades los cuerpos de inocentes. En segundo lugar, el Ejército premia a los militares en función del número de bajas que consiguen, lo que supuestamente ha provocado más de un abuso.

Entre el afán de lograr objetivos y el ansia de obtener recompensas se estarían cometiendo hechos muy graves, según el fiscal Mario Iguarán Arana. “Yo presiono, pero no presiono a nadie para que haga actos criminales”, se ha defendido Uribe. “La realidad ha demostrado que se trata de una política que incluye el pago de recompensas millonarias por información de insurgentes que ha degenerado en algo siniestro”, denuncia Iván Cepeda Castro, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia.

“No es justo considerar que el asesinato de civiles para ser presentados como guerrilleros dados de baja responda a una siniestra estrategia de las Fuerzas Militares de Colombia. Menos aún puede atribuirse al Gobierno una directa responsabilidad en este escándalo”, reflexiona Plinio Apuleyo Mendoza, escritor y periodista.

El perfil de la víctima corresponde a hombres entre 18 y 30 años, campesinos, mendigos, drogadictos, líderes comunales y jóvenes marginales. Los embaucan con promesas de trabajo en campos lejanos de sus hogares para que nadie pueda reclamarlos y así enterrarlos en fosas comunes. “El secuestro es una plaga y el Gobierno ha hecho una labor de sensibilización, pero mientras entre los secuestrados hay políticos y ricos, entre los falsos positivos [víctimas de las ejecuciones extrajudiciales] sólo hay marginados y pobres”, se lamenta Héctor Torres, de la Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari.

El perfil del ejecutor varía. Diversas investigaciones del Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la Procuraduría y organizaciones de derechos humanos permiten establecer que hay varias clases de criminales. Los narcotraficantes son los que más recurren a esta macabra estrategia, según explica el viceministro de Defensa. Reclutan con engaños a estas personas, las dejan en el campo y luego informan a alguien del batallón más próximo de que en la zona hay guerrilleros. Días después, llega el Ejército, y, horas más tarde, aparecen como caídos en combate. Así se benefician las dos partes, los militares cumplen objetivos, ganan méritos y, a cambio, dejan en paz a los narcos. Los paramilitares también participan en esta guerra sucia, señalando a personas que creen vinculadas a la guerrilla y así poder limpiar la zona. El tercer grupo lo constituyen las bandas emergentes o delincuentes comunes. También están las legalizaciones de inocentes que surgen por iniciativa de algún militar o soldado para ganar méritos, ascensos, más poder o permisos. No faltan los falsos positivos producto del azar, del llamado fuego amigo, donde muere un inocente y el Ejército lo da como baja de un guerrillero. Finalmente, el Gobierno cree que la guerrilla también podría estar participando en estos crímenes para desprestigiar a los militares.

¿Por qué el Gobierno de Uribe ha guardado silencio tanto tiempo y descalificado a quienes denunciaban estos crímenes? “Uno de los problemas es la veracidad de la información”, explica el viceministro de Defensa. “Sólo a través de un proceso judicial se puede establecer la veracidad. Además, hay falsas denuncias, sin desconocer que hay casos reales”.

“El Gobierno vive momentos amargos. Pero lo más importante es que por una vez hay un golpe a la legitimidad de su principal bandera: la política de Seguridad Democrática”, dice Néstor Morales periodista de Caracol Radio.

Elpais